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La campaña global de vacunación contra el Covid-19 es la más grande de la historia de la humanidad y plantea desafíos de diversa índole, incluyendo la velocidad en la producción de vacunas, la equidad entre y al interior de los países en su suministro, y la efectividad en su aplicación.
Aún en los casos nacionales en los que existen programas sólidos de inmunización, la magnitud de esta tarea y la posibilidad real de que la vacuna deba administrarse anualmente dado el carácter y patrones de mutación del virus, plantean un conjunto distinto de necesidades y obstáculos para los que diversos organismos mundiales vienen defendiendo el rol constructivo que puede jugar el sector privado.
Ante la lentitud en el proceso de vacunación, el aumento de contagios y la aparición de nuevas cepas, algunos gobiernos han decidido aliarse con el empresariado para que este pueda comprar vacunas y administrarlas. Además de Colombia, iniciativas similares se están desarrollando o evaluando en Australia, Brasil, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Perú y México. En todos ellos, el control estatal, la gratuidad para quien recibe las dosis y la no competencia con los cronogramas y prioridades públicas de vacunación han primado. Aunque en el papel, el objetivo de vacunar a los empleados propios, y así acelerar el ritmo de las vacunaciones con miras a reactivar la actividad económica suena sensato, también suscita preguntas acerca de las lógicas idóneas que deban fundamentar el quehacer público y sus posibles tensiones con los intereses del sector privado. En el caso colombiano, por ejemplo, más de 5,500 empresas han manifestado el deseo de participar en el esquema de adquisición privada de 2,5 millones de vacunas, pero solo las más grandes tienen la capacidad financiera necesaria. Como la mayoría son pequeñas y medianas, y casi la mitad de la población trabaja en la informalidad, el riesgo de agravar distintas inequidades ya existentes es alto. Tal vez la colaboración multi actor que exigen crisis como la actual deba partir de alianzas público-privadas apalancadas desde el Estado a partir de la experticia empresarial (y académica) con miras a crear sistemas logísticos más robustos y eficientes, mejores campañas de comunicación para crear confianza en las vacunas, y medidas efectivas de rastreo de contagios y vacunación.
Más allá de resaltar los vacíos de capacidad estatal, la participación privada en las campañas de vacunación plantea un debate necesario sobre la responsabilidad social empresarial (RSE). Aunque como premisa general, la realización de prácticas de negocios social y ambientalmente conscientes es fundamental, lo que priorizan las empresas con miras a ser responsables corresponde usualmente a lo que puede fomentar su rentabilidad, no el bienestar colectivo. Adicional a ello, muchas utilizan la RSE para distraer la atención de otras prácticas socialmente irresponsables. Para dar un solo ejemplo, al tiempo que los dueños de algunas corporaciones colombianas hacen gala de su participación en la vacunación, como lo señaló Salomón Kalmanovitz en su columna de esta semana en El Espectador, también corren riesgos inexcusables con los ahorros de los afiliados a sus fondos de pensión. En últimas, dejar en manos privadas la decisión sobre cómo fomentar el bien público, corre el riesgo de que este se convierta en un espacio en el que los criterios rentistas terminan prevaleciendo.
