Puede que el presidente Rafael Correa tenga razón al expresar su desilusión con el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad sobre el caso de Angostura. Como también puede ser cierto que éste no tenga mucha información nueva.
Pero no por ello dejan de ser sugestivas algunas de las conclusiones de los comisionados, nombrados por el mismo Correa para esclarecer los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2008. Justamente porque pueden dar pistas sobre el comportamiento futuro del gobierno ecuatoriano frente a temas como Estados Unidos, las Farc, el narcotráfico y Venezuela.
Basándose en información suministrada por el gobierno de los Estados Unidos, el informe descarta una participación directa en el bombardeo del campamento de Raúl Reyes. Sin embargo, argumenta que la base de Manta se usaba para fines distintos a la lucha antinarcóticos, entre ellos las actividades de inteligencia, lo cual permite concluir que el Comando Sur puede haber brindado información en apoyo a la Operación Fénix. Afirmación que ha sido negada por Washington, pero que ha permitido reforzar la tesis de que la cesión de la base fue un error, siendo en palabras del canciller Fánder Falconí, “uno de los hechos más tristes y magros de la historia diplomática”. Si a ello le sumamos su afirmación de que la posición ecuatoriana respecto a este país se definirá “según las conveniencias del caso”, es posible concluir que la presencia militar de Estados Unidos en Colombia seguirá siendo un estorbo para la cooperación en muchos temas.
En el tema de las Farc se nombran los sospechosos usuales —José Ignacio Chavín, Gustavo Larrea, el general retirado René Vargas, hace poco embajador en Venezuela, y algunos militares y asambleístas—, así como el conocimiento de las autoridades sobre la presencia de la guerrilla en el país vecino, hallazgo poco asombroso dada la porosidad de la frontera. Más sorprendentes, tal vez, son las alusiones a la deficiente comunicación entre la Presidencia de la República y la fuerza pública, los cuales sustentan el argumento de que Correa no ha tenido vínculos directos con las Farc. Pero que al mismo tiempo sugieren eventuales problemas de mando o corrupción que pueden estarse agudizando con el traslado de laboratorios de procesamiento de cocaína al lado ecuatoriano, en donde, según el informe, operan varios frentes del Bloque Sur de las Farc.
En conjunto, la vinculación explícita que hace el informe entre las Farc y el narcotráfico en la frontera, así como su denuncia sobre la presencia de Iván Márquez en la sede de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en Venezuela, confirman el distanciamiento entre Quito y Caracas, al menos en lo que se refiere a estos dos temas.
En un contexto regional en el que la única capital que busca estrechar relaciones con Bogotá es Quito, el trabajo de la Comisión es de suma relevancia para la diplomacia colombiana. Sugiere la necesidad de que Colombia distinga mejor entre sus intereses y los de Estados Unidos y que a partir de allí recupere un mínimo de confianza para promover acuerdos básicos sobre temas de preocupación común, entre ellos el narcotráfico.
