Verdades internacionales

Entre las numerosas innovaciones del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad se destaca el examen del papel de los actores extranjeros en el conflicto armado, en especial Estados Unidos, así como las repercusiones internacionales de la guerra en relación con la expulsión de colombianos al exilio. Ante el pronto cambio de gobierno y la promesa hecha por el presidente electo de implementar las recomendaciones contenidas en el Informe final, es menester reflexionar sobre la traducción de estas en acciones concretas de política exterior.

La injerencia estadounidense en el diseño de la doctrina de seguridad nacional, que enfatiza la existencia del enemigo interno y sus derivaciones específicas en las áreas de contrainsurgencia, guerra contra las drogas y lucha contra el terrorismo en Colombia, ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, una serie de documentos oficiales desclasificados y publicados por el Archivo Nacional de Seguridad permitió a la Comisión dimensionar sus repercusiones en términos de la agudización de la violencia, sobre todo después de la adopción de Plan Colombia y los abusos de derechos humanos, incluyendo los “falsos positivos”, de los cuales Washington sospechaba.

Además de identificar al paradigma prohibicionista como uno de los motores del conflicto, la criminalización de las comunidades campesinas y el deterioro ambiental, se asocia a la extradición, convertida en mecanismo cotidiano de la estrategia antidrogas, con la obstaculización de la verdad y búsqueda de justicia para las víctimas. No en vano, la Comisión insiste en la regulación legal responsable de las drogas y el tránsito hacia la legalización, para lo cual Colombia debe ejercer mayor liderazgo internacional. Empero, más allá de la sensatez de esta recomendación para atender el déficit de desarrollo en la raíz del problema de los cultivos ilícitos, tanto las convenciones de drogas de la ONU como la insistencia en el mantenimiento del prohibicionismo por parte de un número considerable de países miembros, incluyendo China y Rusia, dificultan su ejecución. Por esto, además de forzar los límites del régimen antidrogas mediante estrategias internas de flexibilización, el nuevo gobierno tendrá que aliarse con países afines en la ONU para insistir en asuntos como los usos tradicionales, la regulación y la investigación científica. Queda por ver dónde cabe Estados Unidos en esta estrategia.

Por otra parte, el capítulo del Informe sobre el exilio documenta las experiencias vividas de la “Colombia fuera de Colombia” en 24 países, que asciende a más de un millón de personas. Además de pedir que el Estado reconozca que el exilio constituye una violación a los derechos humanos y adopte estrategias para facilitar el retorno con miras a la reparación y la recuperación de capital humano, se recomienda un acompañamiento idóneo a la colombianidad en el exterior, que comienza con la construcción de confianza mediante los consulados. Dado el subregistro general de connacionales afuera, que pueden oscilar en cinco millones, es urgente realizar un censo. Pero adicional a ello, el perfeccionamiento de la atención consular, el diseño de estrategias diferenciadas según cada población colombiana y la priorización de la política migratoria son centrales. En suma y de la mano de paz, se trata de un cambio de norte en la política exterior colombiana que está por construirse.

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