El entrante será un año difícil. El crecimiento del PIB será de solo un 1,1 %, el más bajo desde 2009, según las proyecciones del equipo técnico del Banco de la República.
Varios factores adversos, que ya están en marcha, independientes de las decisiones del nuevo Gobierno, producirán este resultado. Con los impactos de la guerra en Ucrania y la elevación de tasas de interés, inducida por los bancos centrales de casi todo el mundo para reducir la inflación, se viene presentando un creciente deterioro de la expansión de la economía mundial. Esto, como es natural, afectará a los países emergentes, entre ellos a Colombia.
En el frente interno, después de un año bandera (el 2022), cuando se registrará una expansión del PIB que superará el 6,5 %, el crecimiento del PIB en 2023 estará impactado por la situación internacional y el frenazo inducido por el banco central con el objetivo de contener el destructivo crecimiento de los precios. Y como, según el propio emisor, el exceso de demanda sobre la oferta, una de las causas de la inflación (la otra es la inflación importada), se mantendrá durante casi todo el año entrante, las tasas de interés también tendrán que mantenerse elevadas en buena parte de 2023.
La mayoría de los analistas piensa que la inflación terminará este año en cerca del 10 % y, además, no es optimista en sus proyecciones para 2023. Existe un consenso de que el próximo año terminará en cerca del 6 %. Sin embargo, los riesgos de padecer cifras mayores son evidentes. Estos se originan en los posibles aumentos de los precios de los combustibles y el alza del salario mínimo al final de este año —el primero de un gobierno de izquierda rodeado de sindicatos del sector público—, cuyo porcentaje se propaga por la economía a través de cláusulas de indexación y estructuras de costos, y que, además, impacta el déficit fiscal en forma directa.
El cumplimiento de la regla fiscal, con el que está comprometido el gobierno Petro, implica también que se debe reducir el déficit público en 2023. Esto significa que en ese año el Gobierno Nacional dejará de ser un factor tan expansionista como en 2022 (el déficit que dejó la administración Duque es astronómico e insostenible, superior al 7 % del PIB en 2022, si se contabilizan los subsidios a la gasolina). En este frente, sin conocer aún la propuesta del Ministerio de Hacienda acerca del presupuesto de gastos para el próximo año y el texto tributario final que apruebe el Congreso, es temprano para analizar el impacto completo de la política fiscal en 2023.
Uno de los aspectos positivos en 2023 será la reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que terminaría en cerca del 4,1 % del PIB (frente al 5,1 % en 2022), fruto de la esperada reducción del crecimiento del consumo de los hogares y la necesaria moderación del déficit público.
Ante esta difícil coyuntura de la economía, completamente heredada de su antecesor y derivada de la situación internacional, los desafíos del gobierno Petro son enormes. Al tiempo que debe apoyar la política antiinflacionaria del Banco de la República y sostener la meta de reducir el déficit fiscal, está empeñado en una reforma tributaria y en aumentar el gasto social. Todo esto frente a un electorado anhelante y con expectativas de una efectiva reducción de la pobreza, mayor equidad y mejoría efectiva de sus niveles de vida.
