Con base en el estudio de numerosos países, Stefan Dercon plantea en su libro —reseñado en esta columna la semana pasada— que la clave del progreso económico y social es un pacto, una apuesta, de las élites —los que tienen el poder— por el desarrollo económico y social.
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Resulta interesante examinar, así sea en forma preliminar, esta tesis para el caso de Colombia. Al hacerlo, rápidamente encontramos que dos significativos episodios de la historia del siglo XX en los cuales se presentó un rápido crecimiento económico y una mejoría de los indicadores sociales fueron acompañados de importantes acuerdos entre los partidos políticos, los grupos empresariales, financieros y sociales para propiciar la expansión de los negocios, el crecimiento y el progreso social.
El primero fue el período posterior a la Guerra de los Mil Días, durante el cual se registraron las tasas más altas de crecimiento económico de la historia colombiana (5,5 % anual entre 1905 y 1930). En 1910 se produjo una reforma constitucional que permitió la representación del Partido Liberal y ordenó el manejo monetario. Para darle bases sólidas y perdurables a la expansión económica, en 1923, con la orientación de Kemmerer, fueron creados el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República. En esas décadas no solo se observó un ambiente de cierta convivencia política y una gran reducción de la violencia, sino que también se construyeron ferrocarriles, se fundaron empresas y se expandió el comercio exterior.
El segundo fue el del Frente Nacional, un acuerdo de los partidos políticos tradicionales, con amplio respaldo de los gremios y los líderes empresariales, así como de la Iglesia católica y otros grupos. Se trataba de reducir la violencia y concentrar las energías nacionales en el avance económico y social. Además de las buenas tasas de crecimiento obtenidas en esos años (5,5 % entre 1958 y 1974) y una efectiva disminución de los asesinatos y otros crímenes, de ese experimento se destaca el gran impulso de la educación básica (con un gran crecimiento de su presupuesto y su cobertura). Y, en aras de mejorar la capacidad del Estado para dirigir la economía y optimizar el manejo macroeconómico, se crearon instituciones tecnocráticas como el DNP, la Junta Monetaria y el Conpes.
Aunque la Constitución de 1991 fue un gran acuerdo de élites, tradicionales y emergentes (como el M-19), que modernizó a la sociedad colombiana, transformó numerosas instituciones y extendió los derechos a toda la población, no pudo ser un pacto sostenible y estable por el desarrollo económico. En los años siguientes, con la penetración del narcotráfico, se intensificó la violencia guerrillera y paramilitar y, en este siglo, se produjo una creciente polarización política que impidió que los esfuerzos se concentraran consistentemente en el desarrollo.
El presidente Petro, la crema de la élite política de hoy, podría impulsar un nuevo pacto por el crecimiento y el progreso social, siempre y cuando sus ambiciosas reformas se realicen por medio de acuerdos estables y duraderos con los demás miembros de la dirigencia económica, social y cultural del país. De otra forma, podrían convertirse en otra fuente de polarización que, según las ideas de Dercon, podrían conducir al estancamiento económico y el retroceso en la calidad de vida de la población.
