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En el último mes de su sexenio que termina el 1º de octubre, gracias a los resultados de las elecciones de junio, en las cuales Morena obtuvo una amplia mayoría, AMLO se dispone a adelantar las reformas más importantes de su gobierno. Y los mercados, la oposición y los observadores internacionales están justamente alarmados.
Como las autoridades electorales certificaron que Morena y los partidos afines obtuvieron una mayoría calificada de las dos terceras partes en el Congreso, el gobierno tiene vía libre para la aprobación de varias reformas constitucionales que, hasta ahora, precisamente por falta de ese respaldo, estuvieron por fuera del alcance de AMLO.
Se trata, en primer término, de una reforma a la justicia, por medio de la cual magistrados y jueces se elegirán por votación popular. Observadores académicos y políticos sostienen que, si se aprueba esta iniciativa, se socavará la independencia y la imparcialidad de la justicia en México. El gobierno, a través de sus aparatos políticos, incidirá sobre la escogencia de jueces y magistrados y, lo peor, mantendrá una enorme influencia sobre sus decisiones.
Pero esta es solo una parte de las ambiciones de AMLO. Su gobierno también se dispone a hacer que el legislativo apruebe la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos la autoridad de competencia y las comisiones de regulación de energía y comunicaciones. Como las responsabilidades de estos organismos pasarían a la órbita del gobierno, será posible que funcionarios del Ejecutivo, con motivaciones políticas, tomen arbitrariamente decisiones cruciales sobre las reglas del juego para la vida de los negocios y los mercados.
En el paquete de reformas se incluye también la prohibición de la importación de maíz modificado genéticamente y de las concesiones de minería y petróleo que involucren el uso del fracking (algunas de estas iniciativas, seguramente, suenan familiares para los colombianos).
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha apoyado decididamente estas propuestas de su jefe y mentor y se propone impulsarlas durante su gobierno.
Las consecuencias de estas iniciativas serían profundas. Entre tantas cosas negativas, se pondría en riesgo el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y, de esta forma, se afectaría seriamente la suerte de inversiones billonarias. Ante esta realidad, caerá la inversión nacional y extranjera y se perderán las grandes oportunidades de nearshoring para la integración de las economías de México y Estados Unidos. El crecimiento económico, que ha sido más que mediocre en el gobierno de AMLO –del 0,8 % anual en promedio–, se debilitará aún más.
Ante el grave riesgo para la separación de poderes y la incertidumbre creada por la amenaza de intervenciones arbitrarias en la economía, los mercados reaccionaron alarmados. La tasa de cambio se depreció en cercal del 10 % en pocos días y su cotización se mantiene cerca de los 20 pesos por dólar.
Si se aprueban estas reformas, México entraría de lleno al grupo de países, como Hungría e India, donde se ha debilitado la democracia, se han suprimido los pesos y contrapesos entre los poderes públicos y, de esta forma, se habría entronizado una democracia iliberal en el país de Benito Juárez y de Cosío Villegas. Y AMLO habría conseguido su sueño de recrear la “dictadura perfecta” del viejo PRI.
