El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) –un organismo técnico e independiente, creado por ley, semejante a los Consejos fiscales de decenas de países– acaba de dar su concepto técnico sobre las perspectivas fiscales del Gobierno Nacional para 2024 y los años siguientes, contenidas en el documento del ministerio de Hacienda denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo, que fue presentado al Congreso y al país hace unos días.
El mensaje que el CARF le dirige al gobierno y al Congreso, para que sea tenido en cuenta en la preparación, estudio y aprobación del presupuesto, dice textualmente: “De programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal…”.
Según el CARF, podría incumplirse la regla fiscal en 2024 y los años siguientes porque las proyecciones de déficit fiscal ya están en el tope de lo tolerable, al tiempo que existen dudas sobre el recaudo de numerosos ingresos, y advierte, además, sobre la posibilidad de que se concreten gastos adicionales, no contemplados en las proyecciones.
Al estimar un déficit del 4.5 % del PIB para 2024, mayor que el de 2023, es claro que el gobierno reconoce que, incluso con las dos últimas reformas tributarias –una de Duque, otra de Petro–, las finanzas del país no han salido de la zona crítica en la que entraron en medio de la pandemia.
Uno de los puntos más inquietantes del pronunciamiento del CARF es que en las altas proyecciones del gasto del gobierno no se incluye el costo de las reformas sociales que se discuten en el Congreso, que podría ascender a un monto equivalente al 0.7 % del PIB. Esto implica que, en caso de que esas reformas sean aprobadas, para no incumplir la regla fiscal sería necesario reducir otros gastos o “buscar otras fuentes de financiamiento”, un eufemismo para referirse a nuevas reformas tributarias.
Otra consecuencia indeseada de tener una situación fiscal tan apretada es que el gobierno no tendría reservas para hacer una política contracíclica en caso de que se presente una desaceleración de la economía y fuera necesario elevar el gasto.
Estos oportunos mensajes del CARF, de impecable factura técnica, hacen parte del instrumental que a buena hora el país puso en marcha en los últimos años para asegurar la sostenibilidad fiscal. Se trata de ilustradas advertencias al Ejecutivo y al Legislativo para que tomen a tiempo las decisiones necesarias para evitar los serios contratiempos derivados de un eventual incumplimiento de la regla fiscal.
La buena noticia es que el ministro de Hacienda ha reiterado la voluntad del gobierno de cumplir con dicha regla y avanzar así en la consolidación fiscal. Por esta razón, se debe esperar que el proyecto de presupuesto de 2024 esté diseñado de acuerdo con trayectorias de gasto e ingresos que tengan en cuenta las advertencias del Comité y que despejen cualquier duda que se pueda tener sobre el deterioro de la estabilidad financiera del país.
Este mensaje es necesario para mantener la tranquilidad de los mercados, los cuales, ya durante varios meses, le han dado un voto de confianza al ministro Bonilla y, en general, al manejo de la economía del país, un hecho que se manifiesta con claridad en la apreciación de la tasa de cambio y la valoración de los títulos del Tesoro de las últimas semanas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) –un organismo técnico e independiente, creado por ley, semejante a los Consejos fiscales de decenas de países– acaba de dar su concepto técnico sobre las perspectivas fiscales del Gobierno Nacional para 2024 y los años siguientes, contenidas en el documento del ministerio de Hacienda denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo, que fue presentado al Congreso y al país hace unos días.
El mensaje que el CARF le dirige al gobierno y al Congreso, para que sea tenido en cuenta en la preparación, estudio y aprobación del presupuesto, dice textualmente: “De programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal…”.
Según el CARF, podría incumplirse la regla fiscal en 2024 y los años siguientes porque las proyecciones de déficit fiscal ya están en el tope de lo tolerable, al tiempo que existen dudas sobre el recaudo de numerosos ingresos, y advierte, además, sobre la posibilidad de que se concreten gastos adicionales, no contemplados en las proyecciones.
Al estimar un déficit del 4.5 % del PIB para 2024, mayor que el de 2023, es claro que el gobierno reconoce que, incluso con las dos últimas reformas tributarias –una de Duque, otra de Petro–, las finanzas del país no han salido de la zona crítica en la que entraron en medio de la pandemia.
Uno de los puntos más inquietantes del pronunciamiento del CARF es que en las altas proyecciones del gasto del gobierno no se incluye el costo de las reformas sociales que se discuten en el Congreso, que podría ascender a un monto equivalente al 0.7 % del PIB. Esto implica que, en caso de que esas reformas sean aprobadas, para no incumplir la regla fiscal sería necesario reducir otros gastos o “buscar otras fuentes de financiamiento”, un eufemismo para referirse a nuevas reformas tributarias.
Otra consecuencia indeseada de tener una situación fiscal tan apretada es que el gobierno no tendría reservas para hacer una política contracíclica en caso de que se presente una desaceleración de la economía y fuera necesario elevar el gasto.
Estos oportunos mensajes del CARF, de impecable factura técnica, hacen parte del instrumental que a buena hora el país puso en marcha en los últimos años para asegurar la sostenibilidad fiscal. Se trata de ilustradas advertencias al Ejecutivo y al Legislativo para que tomen a tiempo las decisiones necesarias para evitar los serios contratiempos derivados de un eventual incumplimiento de la regla fiscal.
La buena noticia es que el ministro de Hacienda ha reiterado la voluntad del gobierno de cumplir con dicha regla y avanzar así en la consolidación fiscal. Por esta razón, se debe esperar que el proyecto de presupuesto de 2024 esté diseñado de acuerdo con trayectorias de gasto e ingresos que tengan en cuenta las advertencias del Comité y que despejen cualquier duda que se pueda tener sobre el deterioro de la estabilidad financiera del país.
Este mensaje es necesario para mantener la tranquilidad de los mercados, los cuales, ya durante varios meses, le han dado un voto de confianza al ministro Bonilla y, en general, al manejo de la economía del país, un hecho que se manifiesta con claridad en la apreciación de la tasa de cambio y la valoración de los títulos del Tesoro de las últimas semanas.