Ha sido una alianza insólita: del Gobierno, los partidos uribistas, el Polo Democrático y varios sindicatos de empleados públicos y trabajadores oficiales.
Tuvo su origen, al parecer, en una promesa del propio presidente Uribe en su campaña de reelección. Más adelante fue promovida por la presidenta del Congreso y recibió el apoyo decidido del senador Avellaneda y de un nutrido grupo de parlamentarios de todos los pelambres.
El cemento que aglutina esta extraña coalición son los puestos. En contra de expresas normas constitucionales, se trata de aprobar un proyecto de ley (171/07 de la Cámara de Representantes) que confirma en sus cargos, sin concurso ni competencia alguna, a 125.000 personas que trabajan provisionalmente para el Estado. Lo de siempre: votos por empleos y empleos por votos.
Como la mayoría de estas personas obtuvo sus puestos a punta de influencias y cuotas, sus patrocinadores, los políticos, quieren impedir que se utilicen los concursos, abiertos y competitivos, para seleccionar a los funcionarios y proveer las vacantes.
Este proyecto desconoce, en primer término, los derechos de miles de colombianos, capaces y educados, muchos desempleados, que cuentan con las aptitudes para competir en igualdad de condiciones por los puestos públicos. Después de que se les invitó a concursar, se les trata de cerrar, de un golpe, la posibilidad de trabajar para el Estado.
El proyecto se burla también de los ciudadanos, que tienen el derecho a que el Estado les preste los mejores servicios, algo que sólo se puede conseguir si éste selecciona y contrata a los profesionales más competentes por medio de concursos basados únicamente en el mérito de los aspirantes.
Estas preocupaciones son evidentes en el caso de la educación. Hay miles de maestros, ingenieros, matemáticos, abogados y otros profesionales que tienen el derecho y la voluntad de concursar por los puestos que hoy ocupan muchas personas que no tienen ni la formación, ni la vocación, ni la capacidad para enseñar. Y en las escuelas, los jóvenes, víctimas de una educación de pésima calidad, tienen derecho a que el Estado contrate a los mejores maestros.
El agitado trámite de esta ley ha dejado al descubierto sus endebles cimientos éticos y constitucionales. Bajo el peso de sus defectos, poco a poco, se han tenido que excluir de su alcance varias entidades. Se aceptó primero que no cobijaría a los profesionales de la Fiscalía y, más adelante, a los mismos maestros, precisamente porque se comprobó que los organismos responsables estaban realizando concursos técnicos para reemplazar en forma abierta y meritocrática a los provisionales. Y hace apenas tres días, en forma sorpresiva, el mismo director de la Función Pública, Fernando Grillo, afirmó ante la plenaria de la Cámara de Representantes que le retiraba su apoyo al proyecto, según él, porque los concursos ya estaban avanzados en todo el sector público (lo curioso es que este mismo argumento era cierto hace pocos meses, cuando se presentó el proyecto con el apoyo entusiasta del equipo del Gobierno).
Pero el puntillazo lo dio el Procurador. En una enérgica comunicación al presidente de la Cámara afirmó que esta iniciativa es abiertamente inconstitucional. Añadió que “la preocupación del Ejecutivo en cumplir un programa de campaña… no puede ir en desmedro de uno de los principios más caros de la Constitución Política”. Exigió que se respeten los resultados de un concurso que ha convocado a medio millón de personas.
El próximo martes la Cámara de Representantes volverá a discutir, en su cuarto y último debate, este proyecto de ley. Allí se verá si sus defensores, en contra de la equidad y la ley, insisten en aprobarlo, o si éste finalmente se hunde. Éste sería un avance de la modernización y democratización de la administración pública en Colombia.
Ha sido una alianza insólita: del Gobierno, los partidos uribistas, el Polo Democrático y varios sindicatos de empleados públicos y trabajadores oficiales.
Tuvo su origen, al parecer, en una promesa del propio presidente Uribe en su campaña de reelección. Más adelante fue promovida por la presidenta del Congreso y recibió el apoyo decidido del senador Avellaneda y de un nutrido grupo de parlamentarios de todos los pelambres.
El cemento que aglutina esta extraña coalición son los puestos. En contra de expresas normas constitucionales, se trata de aprobar un proyecto de ley (171/07 de la Cámara de Representantes) que confirma en sus cargos, sin concurso ni competencia alguna, a 125.000 personas que trabajan provisionalmente para el Estado. Lo de siempre: votos por empleos y empleos por votos.
Como la mayoría de estas personas obtuvo sus puestos a punta de influencias y cuotas, sus patrocinadores, los políticos, quieren impedir que se utilicen los concursos, abiertos y competitivos, para seleccionar a los funcionarios y proveer las vacantes.
Este proyecto desconoce, en primer término, los derechos de miles de colombianos, capaces y educados, muchos desempleados, que cuentan con las aptitudes para competir en igualdad de condiciones por los puestos públicos. Después de que se les invitó a concursar, se les trata de cerrar, de un golpe, la posibilidad de trabajar para el Estado.
El proyecto se burla también de los ciudadanos, que tienen el derecho a que el Estado les preste los mejores servicios, algo que sólo se puede conseguir si éste selecciona y contrata a los profesionales más competentes por medio de concursos basados únicamente en el mérito de los aspirantes.
Estas preocupaciones son evidentes en el caso de la educación. Hay miles de maestros, ingenieros, matemáticos, abogados y otros profesionales que tienen el derecho y la voluntad de concursar por los puestos que hoy ocupan muchas personas que no tienen ni la formación, ni la vocación, ni la capacidad para enseñar. Y en las escuelas, los jóvenes, víctimas de una educación de pésima calidad, tienen derecho a que el Estado contrate a los mejores maestros.
El agitado trámite de esta ley ha dejado al descubierto sus endebles cimientos éticos y constitucionales. Bajo el peso de sus defectos, poco a poco, se han tenido que excluir de su alcance varias entidades. Se aceptó primero que no cobijaría a los profesionales de la Fiscalía y, más adelante, a los mismos maestros, precisamente porque se comprobó que los organismos responsables estaban realizando concursos técnicos para reemplazar en forma abierta y meritocrática a los provisionales. Y hace apenas tres días, en forma sorpresiva, el mismo director de la Función Pública, Fernando Grillo, afirmó ante la plenaria de la Cámara de Representantes que le retiraba su apoyo al proyecto, según él, porque los concursos ya estaban avanzados en todo el sector público (lo curioso es que este mismo argumento era cierto hace pocos meses, cuando se presentó el proyecto con el apoyo entusiasta del equipo del Gobierno).
Pero el puntillazo lo dio el Procurador. En una enérgica comunicación al presidente de la Cámara afirmó que esta iniciativa es abiertamente inconstitucional. Añadió que “la preocupación del Ejecutivo en cumplir un programa de campaña… no puede ir en desmedro de uno de los principios más caros de la Constitución Política”. Exigió que se respeten los resultados de un concurso que ha convocado a medio millón de personas.
El próximo martes la Cámara de Representantes volverá a discutir, en su cuarto y último debate, este proyecto de ley. Allí se verá si sus defensores, en contra de la equidad y la ley, insisten en aprobarlo, o si éste finalmente se hunde. Éste sería un avance de la modernización y democratización de la administración pública en Colombia.