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Ahora, cuando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha entrado en su fase final —debe entregar el poder en 2024—, muchos se preguntan sobre su legado, especialmente, en lo que respecta al futuro de la democracia en México.
Una caracterización de este personaje, compartida por numerosos observadores, líderes de la sociedad civil y la oposición, señala que es un populista conservador, dañino para la democracia de su país.
Como todos los populistas, sin serlo se ha erigido como un representante del pueblo frente a las élites. Montado en altos índices de popularidad, ha construido un régimen crecientemente personalista y arbitrario, intolerante con la crítica, desdeñoso de los intelectuales y la ciencia, que ya se compara con los de autócratas iliberales como Erdogan y Orbán.
El calificativo de conservador se lo ha ganado, primero, por su postura fiscal, contraria a elevar el déficit público, especialmente cuando era indispensable hacerlo en medio de la pandemia. Por esta razón, México fue uno de los países donde la emergencia causó mayores estragos, con cerca de 600.000 muertos y un aumento brutal de la pobreza (las coberturas de salud y educación aún no se han recuperado). Conservador también porque su Gobierno rechaza y desafía algunas de las banderas progresistas de las últimas décadas, sobre todo en lo que respecta al cambio climático y los movimientos de defensa de las mujeres. AMLO es un campeón de la producción petrolera, eso sí, en manos de PEMEX, y contrario a las energías alternativas, en especial las que están a cargo de operadores privados. AMLO también mantiene un recio conflicto con los grupos feministas, que le reclaman su falta de compromiso en la lucha contra la violencia y el feminicidio (en México son asesinadas 14 mujeres todos los días y el Gobierno no toma cartas en esta materia).
Sus golpes a la democracia siguen un libreto conocido. AMLO se ha empeñado en debilitar la separación de poderes y los organismos estatales independientes (autoridad electoral, competencia y regulación de comunicaciones, entre otros). Pero sobre todo ha aumentado hasta niveles insospechados la injerencia de los militares en asuntos civiles. Creó una Guardia Nacional controlada por los militares que desplazó a la Policía y, según estudios independientes, ya les ha entregado a los generales el control de cerca de 246 actividades propias de los civiles, incluido manejo de puertos, construcción de carreteras y trenes, control de inmigrantes, reforestación y una variedad de servicios sociales. Aunque ha justificado la militarización del país por la inseguridad, el poderío de los carteles del narcotráfico y las tasas de violencia ya superan lo observado en gobiernos anteriores.
Existe un cierto consenso entre los analistas políticos en que AMLO está recreando, alrededor de su figura y su partido, Morena, un aparato semejante al del viejo PRI, con todos sus defectos, abusos y opacidades. En consecuencia, ante una oposición debilitada y sin contrapesos institucionales efectivos, aspira a elegir, con su “dedazo”, a su sucesor en 2024. De esta forma, el celebrado regreso a la democracia en 2000 habría sido incompleto y, sobre todo, efímero. México volvería a una versión del siglo XXI de lo que Vargas Llosa, en su momento, denominó la “dictadura perfecta”.
