Año de impuestos y pandemia

En dos semanas comenzará uno de los años más inciertos de que se tenga memoria. El país iniciará el 2021 en plena pandemia, con una vacuna disponible en los países ricos, pero lejana para Colombia en el corto plazo; con la economía en medio de un proceso de recuperación, pero con la pobreza y el desempleo en niveles récord; con una inflación baja, los mercados financieros y cambiarios estables, pero con las finanzas públicas en estado crítico y amenazadas por la pérdida de acceso a los mercados internacionales. En fin, con la campaña presidencial de 2022 en efervescencia creciente y un Congreso que difícilmente se dará la pela de tomar las decisiones que necesita el país.

La discusión económica más importante será la del ajuste tributario. Sin una reforma que asegure la sostenibilidad fiscal, el país perderá el grado de inversión en el segundo semestre y, en consecuencia, subirán las tasas de interés, bajará el volumen de inversión y, en esas condiciones, será imposible lograr una recuperación plena de la producción y el empleo.

Desde hace varios meses el ministro de Hacienda ha insistido en que la reforma debe presentarse en la primera parte del próximo año, aprovechando las recomendaciones de la comisión de expertos internacionales que está analizando los problemas del régimen tributario de Colombia, especialmente sus billonarias e injustificadas exenciones. El problema, como es natural, es con los políticos.

Sus dudas y vacilaciones son, a primera vista, comprensibles. Saben que, si apoyan la reforma, los populistas de siempre los acusarán, entre tantas cosas, de ser receptores de mermelada, de falta de sensibilidad social y de estar entregados a fantasmas como el del neoliberalismo y las agencias extranjeras. Saben que si actúan en forma responsable pueden ver afectada su favorabilidad en las encuestas y, aquellos que buscan su reelección, recibir algún castigo en las urnas. Pero deben ser conscientes también de que si por oportunismo o cobardía se oponen a los ajustes tributarios, el sistema productivo entrará en una crisis profunda y, de esta forma, no habrá manera de aumentar el empleo y reducir la pobreza. Si por su culpa se deshace la economía y se pierde la estabilidad macroeconómica, pagarán por ello un altísimo costo ante la opinión pública.

Si la iniciativa tributaria se hunde, el próximo gobierno, cualquiera que sea, recibirá una economía en estado crítico y tendrá un margen de acción bastante limitado. Ante esta realidad, a cualquier candidato que pueda ganar las elecciones le conviene que este gobierno asuma buena parte del costo de sacar adelante la reforma para recibir una economía saneada en 2022.

Aunque el propio expresidente Álvaro Uribe, un personaje que no siempre exhibe buenas ideas en materia económica, ya respaldó la visión del ministro de Hacienda, dos diarios capitalinos reportaron la semana pasada que el presidente de la república era contrario al ajuste tributario. No obstante y por fortuna, esta información fue pronto desmentida por el propio mandatario ante un grupo de observadores extranjeros. Se despejó así cualquier duda sobre la voluntad del Gobierno de cumplir con su deber. Falta conocer ahora la opinión de las bancadas y grupos que lo apoyan en el Congreso.

El debate ya comenzó y sus consecuencias serán determinantes para la suerte del país.