El primer paso es reconocer la imperiosa necesidad de que Colombia emprenda en forma urgente una profunda reforma fiscal. Un déficit superior al 9 % del PIB, como el que se proyecta para 2027 y los años siguientes, es insostenible; su existencia amenaza la viabilidad de la economía y la sociedad colombiana. Los montos del ajuste propuesto por el Gobierno –de algo más del 2 % del PIB en el corto plazo y del 4 % en el mediano plazo– son los necesarios para que la deuda pública no crezca de forma explosiva y que el país no se vea abocado a una suspensión de pagos o una recesión sin precedentes. Quienes se oponen a algunas cláusulas o planteamientos de la propuesta deben presentar alternativas para lograr un ajuste del monto que se propone.
Para discutir los numerosos puntos del articulado, también es necesario tener claro lo que se entiende por “clase media” en Colombia, puesto que ya se escuchan voces que claman que para solucionar esta emergencia no se puede afectar a este sector de la sociedad. Muchas personas que tienen ingresos relativamente elevados, en forma equivocada, se consideran de clase media y usan ese argumento para oponerse a la reforma. Veamos los números.
El DANE, con base en la realidad de la sociedad colombiana, establece que una persona situada en la clase media tiene un ingreso per cápita al interior del hogar entre $944.000 y $5.081.000 mensuales, y señala, además, que el 38 % de los colombianos hace parte de este grupo. Así mismo, ese organismo define que quienes tienen ingresos mensuales superiores a esta última cifra, que constituyen apenas el 3 % de la población, ya pertenecen a la clase alta (estos son datos oficiales publicados en agosto de 2026).
Es bien probable que muchas personas, con la idea de que solo aquellos con altísimos ingresos –quienes poseen múltiples viviendas, aviones, fincas de lujo y millonarias inversiones– integran la clase alta, quedarán sorprendidas con las cifras del DANE. La realidad es que quienes reciben más de cinco millones mensuales tienen ingresos superiores a los del 97 % de los colombianos, y aquellos superricos hacen parte, si acaso, de la décima parte del 1 % más afluente de la sociedad. Este es la verdadera radiografía de un país donde la pobreza es alta y la distribución del ingreso muy desigual.
La comprensión de estas cifras debe ilustrar la discusión de la reforma que discute el Congreso. Debe quedar claro, por ejemplo, que los congresistas, los magistrados, los ministros y todos aquellos que ocupan altos cargos en el Estado hacen parte del rango más elevado de la clase alta tal como la define el DANE. De la misma manera, una parte de la combativa burocracia sindicalizada, que se llama a sí misma la “clase trabajadora”, al igual que un porcentaje importante de los empleados de las empresas modernas, pertenecen a ese 3 % de la gente que tiene ingresos per cápita superiores a lo que ese organismo estadístico define como clase media.
Solo con base en el reconocimiento de la necesidad de realizar en forma expedita el ajuste fiscal en el monto propuesto, y el entendimiento de cuáles son los grupos afectados y quienes recibirán compensaciones, será posible entender a cabalidad la iniciativa del gobierno.
El país sufriría una grave crisis si el Congreso opta por hundir o diluir la reforma fiscal que debe estudiar en las próximas semanas.