El pasado miércoles, el presidente Duque criticó duramente la decisión del Banco de la República de combatir la inflación por medio del alza de su tasa de intervención. De esta forma, el primer mandatario se sumó a las objeciones contra la política del Emisor que antes habían expresado el candidato Gustavo Petro y los grandes empresarios representados por la ANDI.
Estas reacciones son altamente inconvenientes. En primer lugar, el país está sufriendo un fuerte brote inflacionario, que, de no controlarse, tendrá un significativo impacto sobre toda la economía y, en particular, sobre los grupos más pobres de la sociedad.
En segundo término, el Banco de la República tiene la responsabilidad, consagrada en la Constitución, de controlar la inflación. De esta obligación se deriva su existencia, su estructura jurídica, su equipo técnico y su Junta Directiva. Dejar de hacer su tarea por razones políticas o gremiales constituiría un grave incumplimiento de su misión. La Carta de 1991 otorgó la independencia al Emisor, precisamente para aislarlo de presiones como las que se registran en la actualidad desde distintos flancos de la política y los negocios.
En tercer lugar, le corresponde a la Junta del Banco de la República, apoyada por el calificado staff de la institución, determinar la naturaleza y la magnitud de la respuesta ante la amenaza inflacionaria. Los movimientos de la tasa de intervención no pueden decidirse al calor de los debates públicos, las necesidades electorales, las recomendaciones de los asesores de imagen o las exigencias de las encuestas. Por esta razón, en muchos países los bancos centrales son autónomos frente a gobiernos, políticos y gente de las empresas, y tienen la obligación de velar por los intereses de largo plazo de la sociedad entera.
El Banco de la República está haciendo lo que técnicamente aconseja la profesión. En casi todos los países del mundo que están sufriendo procesos inflacionarios después del rebote de la crisis generada por la pandemia en 2020, desde el año pasado se han tomado medidas semejantes —incluso bastante más duras— a las que hasta ahora ha adoptado nuestro banco central.
En cuarto lugar, los economistas conocedores de estos temas eran conscientes de que el alza del salario mínimo del 10 % iba a atizar la inflación y, por lo tanto, exigir mayores esfuerzos por parte del Banco de la República para evitar el daño que se le iba a causar a la capacidad adquisitiva de los colombianos (los precios crecientes están devorando los transitorios beneficios del alza salarial de diciembre). Por esta razón, es sorprendente que quienes propiciaron dicha medida critiquen ahora los esfuerzos necesarios para reparar el estropicio que ellos mismos causaron (se teme que, sin el alza de las tasas de interés, las cifras de inflación pueden llegar a niveles de dos dígitos).
El país debe ser consciente de que muy seguramente la Junta del Banco de la República va a seguir elevando sus tasas de intervención en los próximos meses. La única actitud responsable es apoyar estas decisiones, indispensables para evitar un grave deterioro en la capacidad adquisitiva de los colombianos, especialmente los de menores ingresos, quienes no cuentan con instrumentos financieros para protegerse del alza en los precios de los bienes de primera necesidad.
