Colombia sufre de un notable atraso en sus mecanismos de pagos digitales, un rezago que se constata fácilmente mediante la comparación de su realidad con la de los países asiáticos y ahora incluso con la de Brasil, donde su Banco Central puso en marcha un sistema de pagos digitales rápidos, en tiempo real, sin ningún costo, denominado PIX, y donde también WhatsApp comenzará a procesar transferencias monetarias entre sus abonados.
El desarrollo acelerado de los pagos digitales tiene numerosos efectos favorables para la economía. La rápida transferencia de recursos, con cobertura masiva y bajos costos, eleva la eficiencia y la productividad y tiene positivas implicaciones sobre el crecimiento y el bienestar de la población. Adicionalmente, la expansión de las redes de pagos digitales y de fintech fomenta la inclusión financiera y la reducción de los costos de los servicios bancarios, dos viejas aspiraciones de la sociedad colombiana. Este proceso contribuye además a la formalización de la economía y al control de la evasión.
Para que Colombia pueda beneficiarse plenamente de los desarrollos tecnológicos disponibles en materia de pagos digitales, es indispensable una clara definición estratégica, un plan coherente con metas precisas y numerosas decisiones de política pública en lo que se refiere a la regulación y expansión de la infraestructura de pagos. Varios temas críticos deben abordarse.
En materia normativa, por ejemplo, resulta infortunado que el Banco de la República carezca de las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos inducidos por el cambio tecnológico sobre los pagos y transferencias digitales. Se sabe al respecto que los pagos digitales y la creación de medios de pago por parte de agentes privados, sustitutos perfectos del efectivo, pueden tener importantes consecuencias sobre la multiplicación monetaria y amenazar la capacidad del Banrepública en el desarrollo de la política antiinflacionaria (algunos de estos asuntos fueron tratados en el interesante documento del profesor Jean-Charles Rochet que el Emisor publicó en su portal digital el año pasado).
Desde el punto de vista de la política social moderna, la instalación de una extensa y capaz infraestructura de pagos digitales es fundamental. Aunque el desarrollo progresivo de las distintas versiones del Sisbén ha sido notable y el programa Ingreso Solidario, impulsado en medio de la pandemia, representó un avance importante, sigue existiendo la necesidad de contar con mecanismos rápidos, de gran cobertura y de bajo costo para la transferencia de fondos. Adicionalmente, queda mucho por hacer para identificar correctamente a los beneficiarios merecedores de los subsidios, así como actualizar en tiempo real la información de las familias receptoras.
Una noticia positiva es que el Congreso de la República comenzará a discutir en las próximas semanas un proyecto del Gobierno que da los primeros pasos hacia la modernización, regulación y supervisión de los sistemas de pagos digitales. Sin embargo, aun si esta iniciativa sale adelante, todavía serán necesarios numerosos esfuerzos y decisiones adicionales para poner a Colombia en condiciones comparables con las naciones más avanzadas del mundo. Para hacerlo, el país debe, previamente, decidir hacia dónde quiere llegar en este campo y rápidamente actuar en consecuencia.