Varios políticos de corte populista que comparten su desprecio por las instituciones, especialmente las de la justicia, han desconocido recientemente sus fallos y determinaciones, con el argumento de que se trata de ataques de sus enemigos para sacarlos del juego.
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Uno de los casos más patéticos es el de Evo Morales. El expresidente boliviano fue acusado de violencia sexual contra una menor de edad, con quien supuestamente tiene un hijo, al parecer en un indecente intercambio de favores con el padre de la niña. En lugar de defenderse, encarar el juicio y responder por los cargos, manifestó que el proceso en su contra no es más que la consecuencia de una persecución política. Cuando los jueces ordenaron su arresto, Morales lo ignoró y ordenó a sus seguidores bloquear las carreteras, paralizar e “incendiar el país” y desafiar a las autoridades. Evo desconoció flagrantemente a la justicia de su país y sumió a Bolivia en una gravísima crisis política.
El campeón en estas materias es Donald Trump quien, según las encuestas, no está lejos de ser reelegido a la presidencia de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. El mega millonario tiene una larga historia de desafiar a las instituciones. Desconoció el resultado de las elecciones que perdió frente a Biden en 2020 y en 2023 fue declarado culpable de haber asaltado sexualmente a la periodista E. Jean Carroll; hace unos meses un jurado de Nueva York lo declaró criminalmente culpable de 34 cargos por haber falsificado las cifras de sus negocios. Y, solo gracias a sus hábiles maniobras legales, fue capaz de demorar el avance de varios procesos en su contra, con la esperanza de que, si es elegido nuevamente, el fuero presidencial lo proteja de las consecuencias de sus numerosos crímenes. En todos estos casos, Trump insiste en su inocencia y, al igual que Evo, ataca a las autoridades judiciales y electorales y proclama que, a pesar de los fallos de los jurados, se trata de una “caza de brujas”, una persecución en su contra por parte de los demócratas.
El presidente Petro no se queda atrás. Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar una investigación formal y levantar cargos contra su campaña presidencial por haber excedido los topes de financiación permitidos por la ley, a pesar de que es evidente que solo el Congreso de Colombia puede juzgarlo y, eventualmente, condenarlo, el mandatario ha proclamado a los cuatro vientos que está en marcha un golpe de Estado y ha ordenado la movilización de sus bases en todo el país e invocado la solidaridad de los gobiernos del mundo. No ha ahorrado insultos y descalificaciones contra los miembros del CNE, en abierto desafío a los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley.
Al ignorar olímpicamente los fallos adversos de la justicia y, cuando no los favorecen, las decisiones de las autoridades electorales, estos personajes, fieles a su talante populista, causan un grave perjuicio a sus países. En medio de un ambiente de agitación y aguda polarización, buena parte de los bolivianos, norteamericanos y colombianos seguramente duda o desconoce la legitimidad de la justicia y los organismos electorales. Se produce así un daño profundo al imperio de la ley, con repercusiones duraderas, difícilmente reparable sobre las instituciones y la democracia de estas naciones.
