Corrupción y reformas tributarias


Como los grandes escándalos de corrupción son increíblemente frecuentes en Colombia y, al mismo tiempo, es raro que pasen dos o tres años sin que se discuta una nueva reforma tributaria, observamos que casi siempre los aumentos de los impuestos tienen lugar en medio, o muy cerca, de las denuncias de graves desfalcos al erario y de casos sonados de enriquecimiento ilícito de contratistas y funcionarios del Estado. Para no ir muy lejos, los anuncios del gobierno Petro de su segunda reforma tributaria ocurrieron, entre otros, al lado de los titulares sobre los multimillonarios robos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a manos de Olmedo López, Sneyder Pinilla y un sujeto denominado “El pastuso”.

Es evidente que la simultánea ocurrencia de hechos de corrupción y la seguidilla de alzas de impuestos le restan legitimidad al sistema tributario del país. Es imposible que los colombianos no piensen que sus contribuciones al fisco se desvían hacia los bolsillos de los corruptos. En este ambiente es difícil aceptar el discurso de que los impuestos financian la inversión social, mejoran la distribución del ingreso y, en general, hacen posible el cumplimiento de las funciones del Estado. Sin legitimidad, sin el convencimiento de los ciudadanos de que los recursos públicos están bien manejados, se generaliza la idea de que existe alguna justificación ética para evitar o eludir los impuestos.

Dos experiencias opuestas sucedidas en Bogotá ilustran estos puntos. Por una parte, la administración de Antanas Mockus, ampliamente considerada como limpia y eficiente, propuso a los contribuyentes de la ciudad un aporte voluntario del 10 % por encima de la liquidación de los impuestos locales. Y, en forma sorpresiva, un hecho reportado en varios países y analizado en diversos medios académicos, más de 60.000 personas realizaron el pago voluntario adicional, seguramente convencidas de que así apoyaban las políticas de un alcalde que estaba luchando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los recaudos tributarios en los años de Mockus llegaron a niveles récord no solo por la buena administración de los impuestos, sino porque su legitimidad facilitó el cobro y el pago de los mismos.

En el otro extremo está el caso de la Alcaldía de Samuel Moreno, quien, a nombre del Polo Democrático, tomó las riendas de la ciudad en 2008. Las evidencias muestran que, en realidad, su gobierno operó como una cleptocracia liderada por una banda rapaz dedicada a robar, direccionar contratos, cobrar coimas y sobornos. Al tiempo que esto sucedía, una administración fiscal seria, alejada de los manejos turbios, intensificó el cobro de impuestos como el predial, con cuyo recaudo, infortunadamente, se potenciaron las fechorías de la pandilla gobernante. En esos años se le dio un duro golpe a la legitimidad de la administración tributaria de la ciudad y se puso en duda la justicia de las exacciones fiscales que, bajo la pena de multas y procesos ejecutivos, se ejercían sobre los bogotanos.

La complicada discusión de la nueva reforma tributaria que propone adelantar el ministro de Hacienda va a estar rodeada del repaso de los numerosos escándalos recientes, de la evidencia de la impunidad y la lentitud de la justicia, y, lo más grave, de la carencia de una política contra la corrupción de un gobierno que se llama del cambio.