Corrupción y terremoto

Una de las causas de la enorme destrucción de viviendas y edificaciones ocasionada por el terremoto del 11 de agosto pasado —una catástrofe que mató, hirió y empobreció a miles de familias del occidente colombiano— se origina en prácticas corruptas de los sectores público y privado, facilitadas por la incapacidad de las autoridades para supervisar el cumplimiento de las normas de sismorresistencia. Muchas muertes y heridos se hubieran podido evitar si, antes, se hubieran combatido en forma efectiva esas maniobras que elevan la vulnerabilidad y el riesgo de muchas viviendas y los edificios.

Existen sospechas de que la caída y el deterioro de varias escuelas, hospitales, puentes y otras obras contratadas por el Estado fueron el resultado de procesos de selección y contratación amañados, pagos de coimas y oscuros manejos de firmas e ingenieros venales, quienes, por rebajar sus costos y ampliar sus ganancias, construyeron sin cumplir con las más mínimas normas de seguridad (fue por esta misma razón que en 1983 cayeron algunas edificaciones a raíz del sismo de Popayán y en los recientes terremotos de Venezuela se arrasaron decenas de conjuntos de vivienda social, mal construidos por el chavismo, debajo de los cuales quedaron sepultados cientos de personas). Las entidades de control deberían vincular equipos técnicos para investigar las causas del colapso de algunas de las edificaciones públicas en el occidente del país y, si fuera el caso, imponer ejemplares sanciones a los culpables.

Este problema no es exclusivo de las construcciones públicas. También existen indicios de que numerosos edificios erigidos por empresas privadas colapsaron y ocasionaron muertes y heridos porque no cumplían con las normas de sismorresistencia y, como lo demostró el terremoto, eran verdaderas trampas mortales para sus habitantes. Por este mismo motivo se desplomaron varios edificios en Armenia en 1999 y, así mismo, en Concepción, Chile, en 2010, se vino al piso el edificio Alto Río sacudido por un sismo con una intensidad de 8,8 (en este caso, sus constructores fueron condenados penalmente por incumplir dolosamente las normas sobre diseño y construcción). Sobre este mismo problema, los colombianos recordamos el caso del edificio Space en Medellín que colapsó a raíz de sus precarias y frágiles condiciones y mató a 12 personas, sin que hubiera siquiera el más leve temblor (eso sí, los responsables fueron condenados por homicidio culposo). Se recuerda también que otros cuatro edificios de esa ciudad tuvieron que ser demolidos por la misma razón, con grave perjuicio para sus habitantes.

Así como después de los terremotos de Popayán y Armenia se revisaron las normas sobre sismorresistencia y se reforzaron los procedimientos de supervisión por parte del Estado, el examen de esta tragedia de 2026 debe dar lugar a un estudio serio sobre el cumplimiento de las normas y la forma de verificar y asegurar su observancia. Después de lo sucedido, no podemos ignorar este asunto, esperando pasivamente que, con el próximo e inevitable terremoto, se repitan las tragedias que, con la efectiva vigilancia de los distintos organismos del Estado, se pueden evitar. Y, en caso de que algunas investigaciones comprueben la culpabilidad de funcionarios y contratistas, los organismos judiciales deberían penalizarlos en forma contundente.