Crónica de una muerte anunciada

La sonada crisis de la EPS Sanitas –que recibió la comunicación de que Cruz Verde dejaría de proveerle medicamentos por fuera del Plan de Beneficios— es una señal de que avanza rápidamente el deterioro final de las EPS, una consecuencia directa del olímpico desconocimiento de numerosas deudas que el gobierno tiene con ellas. Como es generalizado y agudo, si no se hace algo con urgencia, el problema crecerá en forma exponencial en las próximas semanas. Y, como es natural, el impacto lo sentirán millones de colombianos, especialmente los más pobres y enfermos, que quedarán desatendidos, con su vida en riesgo, víctimas de la indolencia calculada de las autoridades ante una crisis largamente anunciada.

Es realmente insensato que la bancada del gobierno, de espaldas a la realidad, no se enfoque en tratar de resolver esta emergencia –atendiendo el problema de las EPS– e insista en seguir adelante con una reforma mal concebida, que, si acaso entra a operar, será en varios años, cuando los colombianos, a causa del colapso del sistema vigente, ya no tendrán servicios de salud y el país estará sufriendo una tragedia solo comparable con la que han vivido en los últimos lustros nuestros vecinos venezolanos.

Este no es solo un asunto financiero. Debido al incumplimiento del gobierno con sus obligaciones con las EPS, ya se están presentando deficiencias en ciertos servicios. Se ha deteriorado la atención a los pacientes, se registran crecientes demoras y carencias de suministros y varios prestadores han empezado a cerrar algunos servicios clave como los pediátricos.

Los repetidos anuncios del gobierno de que va a eliminar a las EPS han hecho que miles de colombianos alarmados, de afán, busquen citas y tratamientos, antes de que ocurra el colapso que temen. Algo que, como es natural, ha elevado las demandas al sistema, cuyo aumento, según las encuestas disponibles, podría llegar a un 25 %, precisamente cuando este sufre la asfixia financiera a la que lo han sometido las autoridades. El aumento de frecuencias de uso, que no ha sido reconocido por el gobierno, es un costo real que vienen cubriendo las EPS con sus propios patrimonios y que agudiza el deterioro de sus finanzas. Ante tantas evidencias, es difícil no concluir, como lo piensa buena parte de la opinión pública, que se está poniendo en marcha una crisis para intervenir y liquidar las EPS.

La prioridad de los políticos del Congreso, aquellos que no están enceguecidos por la ideología (o que no están silenciados por la mermelada), debería ser la de resolver cuanto antes los problemas actuales de las EPS y evitar, antes de que sea demasiado tarde, los impactos que ya comienzan a sentir los colombianos.

Por su parte, los miembros del gobierno deben ser conscientes de que los colombianos saben que ellos han ignorado, tolerado o provocado el creciente problema del sistema de salud, un colapso advertido, anunciado y predicho, desde las más altas esferas, con pelos y señales, desde hace varios meses.

Ante esta crisis, son relevantes las advertencias de Humberto de la Calle con respecto a los planteamientos de las EPS: “El gobierno tampoco debe permitir que prolifere la idea siniestra de que simplemente hace caso omiso como palanca para lograr los propósitos de la reforma”, o sea, la estatización total de los servicios de salud en Colombia.