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Armando Montenegro
07 de febrero de 2021 - 03:00 a. m.
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EPM sigue dando tumbos. En medio de un desagradable forcejeo, el alcalde echó a la calle a un gerente que le duró apenas un año, una persona que, de entrada, no tenía los requisitos mínimos para manejar una de las empresas más importantes de América Latina. Este incidente se suma a la ruidosa renuncia de la junta anterior, las noticias de politización, extraños manejos y la salida de algunos de sus mejores técnicos.

La causa inmediata del problema es, por supuesto, la incesante actividad de un alcalde decidido a microadministrar la institución y que, según la información que llega de Medellín, parece empeñado en manejarla a su antojo, de acuerdo con sus variados proyectos personales.

Los desatinos del mandatario, sin embargo, no constituyen la causa profunda del desmadre de EPM. El problema es que tenga la libertad absoluta para hacerlo, simplemente porque la empresa no tiene un esquema fuerte de gobierno corporativo que ponga freno a los apetitos y desvaríos de los gobernantes de la ciudad. Esta carencia permite, por ejemplo, que el gerente general se nombre y se trate como un secretario más de la Alcaldía, al igual que los miembros de su junta directiva. No hay normas efectivas que protejan a la empresa de la politiquería y la improvisación.

Es inexplicable que no se hayan establecido en EPM unas reglas de gobierno corporativo que garanticen la independencia de su administración y sus cuerpos técnicos. Sin normas adecuadas, EPM se manejó bien durante años y se convirtió en una empresa modelo únicamente por la autorregulación de los políticos en ejercicio quienes, pudiendo hacerlo, por convicción no interfirieron en el trabajo de los buenos técnicos y directivos de la entidad. Pero ya desde el gobierno de Luis Pérez se comprobó que la empresa era altamente vulnerable a la injerencia politiquera. La experiencia de estos últimos meses ha demostrado que los correctivos que se tomaron entonces, contenidos en el llamado Convenio Marco, fueron claramente insuficientes.

Lo triste para Medellín es que la solución ya está inventada y se ha aplicado con éxito en Colombia y en todo el mundo. Otras entidades líderes del país, de alguna manera semejantes a EPM, como ISA y GEB, desde hace años establecieron una serie de límites y procedimientos para proteger a la administración, los técnicos, los accionistas y los clientes de influencias externas, contrarias a los objetivos empresariales. Entre tantas cosas, en estas organizaciones los gerentes son nombrados por las juntas directivas, por períodos fijos, de acuerdo con procedimientos exigentes de experiencia y competencias profesionales.

Infortunadamente, a pesar de todo lo que pasa, todavía no hay ninguna iniciativa en marcha para establecer un gobierno corporativo fuerte en EPM. De esta forma, ya imbricada estrechamente en los vaivenes de la política local, sin correctivos eficaces, va a ser difícil que esta entidad no continúe en decadencia, con un gran costo para la ciudad, sus clientes, empleados y el país entero.

Es urgente abrir un diálogo entre la dirigencia política y cívica y la academia de la ciudad con los profesionales de la empresa para diseñar y establecer un gobierno corporativo moderno para EPM. Con ese propósito se deben ampliar, fortalecer y hacer vinculantes las débiles normas vigentes que no han podido impedir el deterioro de la empresa.

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