En los años 90, un destacado ministro de Hacienda de Chile señalaba, con satisfacción, que el superávit fiscal de su país era una prueba de la gobernabilidad de la coalición que dirigió su nación después de la dictadura. De manera contraria, numerosos ejemplos de otras latitudes nos muestran que la imposibilidad de realizar inaplazables ajustes fiscales no es, muchas veces, resultado de la falta de competencia de sus tecnócratas, sino fruto de las dificultades para lograr los consensos políticos necesarios para tomar las decisiones requeridas. Con frecuencia, por lo tanto, las crisis fiscales son el resultado de profundas crisis políticas.
Con respecto a los afanes fiscales del país, numerosos analistas, así como los exministros de Hacienda Perry y Cárdenas, han señalado que, dado que se prevé un importante faltante fiscal a partir de 2020, es necesario que se decida cómo enfrentará Colombia esta situación para poder cumplir la regla fiscal y evitar así los problemas de una eventual pérdida de la calificación de la deuda pública.
Existen, al parecer, dos caminos para resolver este problema.
Por una parte, numerosos observadores han insistido en que la solución es una reforma tributaria en este año. La ejecución de esta opción, sin embargo, no parece viable puesto que exige niveles de gobernabilidad superiores a los que hoy goza el Gobierno Nacional. De hecho, es bastante difícil que este Gobierno se embarque en aumentos de impuestos en medio del proceso electoral que ya está en marcha. Pero lo más importante es que el Ejecutivo está lejos de contar en el Congreso con las mayorías necesarias para la aprobación de una modificación al régimen tributario. Este camino, infortunadamente, parece cerrado.
En cambio, la opción preferida por el Gobierno al parecer sí tiene en cuenta este tipo de restricciones políticas. La misma se basa en la ejecución de tres acciones que, en principio, pueden ser emprendidas y ejecutadas, de forma más o menos autónoma, por el Ejecutivo: (i) lograr un incremento significativo del recaudo por parte de la DIAN, con base en su modernización, buena administración y mejora tecnológica; (ii) un fuerte recorte del gasto público, de acuerdo con las exigencias del momento, y (iii) la venta de algunos activos del Estado en los próximos meses. Aunque algunas de estas iniciativas pueden enfrentar la resistencia de ciertos sectores y también requieren de algún grado de gobernabilidad, es claro que podrían ser conducidas por los funcionarios del Gobierno. Eso sí, algunos observadores calificados son escépticos de que esta estrategia produzca el monto de los recursos requeridos dentro de los plazos necesarios para cumplir la regla fiscal en los próximos años (en el documento denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se publica a mitad de año, los mercados serán informados en forma detallada acerca de los distintos elementos de los planes del Gobierno y su ejecución en el corto y mediano plazo).
En cualquier caso, con el objeto de tener mayor libertad de acción y, sobre todo, disminuir los riesgos para la economía, lo ideal sería que el Gobierno recuperara la gobernabilidad y, con ella, su capacidad de contar con un mayor número de alternativas que le permitieran superar las dificultades fiscales y otros problemas del país.
En los años 90, un destacado ministro de Hacienda de Chile señalaba, con satisfacción, que el superávit fiscal de su país era una prueba de la gobernabilidad de la coalición que dirigió su nación después de la dictadura. De manera contraria, numerosos ejemplos de otras latitudes nos muestran que la imposibilidad de realizar inaplazables ajustes fiscales no es, muchas veces, resultado de la falta de competencia de sus tecnócratas, sino fruto de las dificultades para lograr los consensos políticos necesarios para tomar las decisiones requeridas. Con frecuencia, por lo tanto, las crisis fiscales son el resultado de profundas crisis políticas.
Con respecto a los afanes fiscales del país, numerosos analistas, así como los exministros de Hacienda Perry y Cárdenas, han señalado que, dado que se prevé un importante faltante fiscal a partir de 2020, es necesario que se decida cómo enfrentará Colombia esta situación para poder cumplir la regla fiscal y evitar así los problemas de una eventual pérdida de la calificación de la deuda pública.
Existen, al parecer, dos caminos para resolver este problema.
Por una parte, numerosos observadores han insistido en que la solución es una reforma tributaria en este año. La ejecución de esta opción, sin embargo, no parece viable puesto que exige niveles de gobernabilidad superiores a los que hoy goza el Gobierno Nacional. De hecho, es bastante difícil que este Gobierno se embarque en aumentos de impuestos en medio del proceso electoral que ya está en marcha. Pero lo más importante es que el Ejecutivo está lejos de contar en el Congreso con las mayorías necesarias para la aprobación de una modificación al régimen tributario. Este camino, infortunadamente, parece cerrado.
En cambio, la opción preferida por el Gobierno al parecer sí tiene en cuenta este tipo de restricciones políticas. La misma se basa en la ejecución de tres acciones que, en principio, pueden ser emprendidas y ejecutadas, de forma más o menos autónoma, por el Ejecutivo: (i) lograr un incremento significativo del recaudo por parte de la DIAN, con base en su modernización, buena administración y mejora tecnológica; (ii) un fuerte recorte del gasto público, de acuerdo con las exigencias del momento, y (iii) la venta de algunos activos del Estado en los próximos meses. Aunque algunas de estas iniciativas pueden enfrentar la resistencia de ciertos sectores y también requieren de algún grado de gobernabilidad, es claro que podrían ser conducidas por los funcionarios del Gobierno. Eso sí, algunos observadores calificados son escépticos de que esta estrategia produzca el monto de los recursos requeridos dentro de los plazos necesarios para cumplir la regla fiscal en los próximos años (en el documento denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se publica a mitad de año, los mercados serán informados en forma detallada acerca de los distintos elementos de los planes del Gobierno y su ejecución en el corto y mediano plazo).
En cualquier caso, con el objeto de tener mayor libertad de acción y, sobre todo, disminuir los riesgos para la economía, lo ideal sería que el Gobierno recuperara la gobernabilidad y, con ella, su capacidad de contar con un mayor número de alternativas que le permitieran superar las dificultades fiscales y otros problemas del país.