Descentralización, control criminal y crisis fiscal

Dos de los más graves problemas de Colombia son el control territorial que ejercen grupos criminales en amplias zonas de varios departamentos periféricos y el gravísimo desequilibrio fiscal. Las energías del país deberían encaminarse a solucionar estos asuntos.

Estas dificultades, sin embargo, se podrían agigantar con el avance de dos iniciativas orientadas, probablemente con buenas intenciones, a profundizar la descentralización, que, tal como están planteadas, arruinarían en forma definitiva las finanzas públicas y entregarían grandes sumas de dinero a las débiles autoridades de las áreas controladas por grupos criminales. Se trata de la reforma constitucional aprobada el año pasado que eleva las transferencias a los entes territoriales y la propuesta de un referendo dirigido a hacer que el Impuesto de Renta y el del Patrimonio se quede en los departamentos donde se genera.

En las condiciones actuales, el traslado de mayores recursos a ciertos departamentos y municipios vulnerables fortalecerá a los grupos criminales que operan en sus territorios, tal como sucedió cuando los paramilitares y las FARC capturaron, por medio de la extorsión y su influencia electoral, una parte del aumento de las transferencias ordenadas por la Constitución de 1991. En esta materia, se sabe de la reciente presión del ELN sobre algunas autoridades locales para obligarlas a hacer contrataciones que fortalecen sus finanzas criminales.

Por otra parte, dejar a la Nación sin los impuestos de Renta y Patrimonio sería catastrófico. El Gobierno, en bancarrota, no podría atender, entre otros, los gastos de la justicia, Ejército, Policía, salud y educación, y tendría que suspender pagos y transferencias.

En cuanto al SGP, hay que comenzar de cero, por cuanto su reforma reciente no se basó en ningún estudio serio que mostrara que se podía realizar el traslado de competencias al ritmo y en los montos que prevé dicha iniciativa. Y, para complicar la situación, los equipos del DNP y el Ministerio de Hacienda que, en condiciones normales, podrían tomar precauciones para aminorar los riesgos, están parcialmente desmantelados.

El asunto de la descentralización es importante, clave para el futuro de Colombia, pero es relativamente menor frente al grave problema del control criminal que hoy ejercen grupos ilegales en el territorio. Y, por su naturaleza financiera, es obvio que debe estar subordinado a la solución del caos fiscal que sufre el país.

Estas iniciativas descentralistas no son el fruto de un clamor nacional ni de las exigencias sentidas de sus fuerzas sociales y económicas. El acto legislativo de 2024 fue impulsado en forma sigilosa y veloz por los mismos políticos que se beneficiarán de las mayores transferencias a las regiones. Y el referendo es una iniciativa de un gobernador, con el apoyo de un partido político que, hasta ahora, había sido responsable en materia fiscal.

La descentralización no puede basarse únicamente en quitarle recursos a la Nación. Para financiar sus proyectos, los departamentos más ricos deberían poder crear y cobrar sobretasas al IVA y la renta, previa una discusión con sus comunidades y los foros políticos locales. Las mayores transferencias, con supervisión y controles efectivos –inexistentes en la actualidad– deberían ir, sobre todo, a los entes más pobres en la periferia del país.