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Petro y Trump exhiben notables semejanzas. Ambos son populistas con tendencias autoritarias; les gusta gobernar por medio de decretos, sin someter sus propuestas a discusión y aprobación del Congreso. Los dos, además, protestan airados cuando los jueces y las Cortes, con razón, les tumban sus improvisadas decisiones que exceden las facultades consagradas en la Constitución y la ley. En una palabra, les molesta la separación de poderes y los límites legales a sus proyectos y delirios totalitarios.
La semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos, con una votación de seis a tres, echó por tierra los aranceles que arbitrariamente el presidente estableció en su primer año de gobierno a decenas de países (aranceles tan absurdos como el que impuso a Brasil porque la justicia de este país encarceló a Bolsonaro o con los que amenazó a Canadá después de que su primer ministro diera un discurso que irritó a Trump). El mandatario, enfurecido, insultó a la Corte y, con base en otra norma excepcional, procedió a imponer inmediatamente un arancel generalizado del 15 % a todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Petro no se queda atrás. Ardido porque el Congreso no le aprobó una reforma tributaria injustificada, en lugar de recortar el gasto, como era indispensable, decretó una emergencia económica para hacerse a varios billones de pesos y establecer impuestos y cargas para castigar a grupos y personas malqueridas en la Casa de Nariño. Al igual que en el caso de los aranceles de Trump, en buena hora la Corte Constitucional ordenó una suspensión de la medida, mientras decide de fondo sobre su evidente inconstitucionalidad (la crisis fiscal de Colombia no es un evento sobreviniente; se trata de un enorme desbarajuste madurado, mes a mes, a lo largo de este gobierno).
A pesar de este revés, Petro decidió seguir gobernando e imponiendo tributos vía decretos. Encontró una excusa en las inundaciones del norte de Colombia. Aunque esta tragedia sí fue súbita e imprevista y ameritaba acciones de emergencia, el Gobierno no agotó primero los numerosos instrumentos ordinarios de que dispone para hacer frente a este problema. Pudo activar, por ejemplo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una institución creada para atender estos asuntos y que debía estar preparada para hacerlo (aunque hay que reconocer que esta entidad fue saqueada al comienzo de esta administración). El Gobierno, alternativamente, tuvo la opción de hacer traslados presupuestales, reduciendo el exceso de numerosos gastos de funcionamiento para dirigir recursos para atender la emergencia. También pudo optar por utilizar las regalías, en cuyo presupuesto existen cuantiosos fondos sin utilizar, que bien pudieron orientarse a solucionar los problemas creados por las inundaciones.
Como no tomó ninguno de estos caminos razonables, Petro decidió usar sus facultades de emergencia para golpear, una vez más, a sectores que considera nocivos e indeseables. Por ejemplo, con el Impuesto al Patrimonio sobre las empresas de petróleo, continuó su cruzada de hostigamiento y exterminio que comenzó con su primera reforma tributaria y cuyos devastadores efectos ya se aprecian en el acelerado marchitamiento de Ecopetrol.
Trump y Petro, mientras puedan y los dejen, seguirán aplicando este tipo de medidas hasta el fin de sus mandatos.
