Ahora que el país ya se embarcó de lleno en la discusión de la reforma tributaria, es conveniente revisar algunos principios bajo cuya lente debería analizarse su contenido:
(i) Equidad. Se debe preguntar si la reforma propuesta eleva o disminuye la desigualdad en Colombia, un tema fundamental, más ahora que este es uno de los puntales del segundo gobierno de Santos.
(ii) Competitividad. La nueva reforma no debería disminuir más la competitividad del país. Nada se saca si con una mano se hacen grandes esfuerzos para que las empresas puedan competir en el exterior y, al mismo tiempo, esto se borra con el codo tributario.
(iii) Suficiencia. Los recaudos que se alcancen con la nueva reforma deberían ser suficientes para financiar los faltantes previstos en el mediano y el largo plazo. De otra forma será evidente que se necesitarán una o varias reformas adicionales en el futuro próximo. Hay cierto consenso al respecto, en que la propuesta sobre la mesa tapará el hueco del año entrante, pero no cubrirá los gastos previstos de numerosos programas del Gobierno y, sobre todo, los del proceso de paz.
(iv) Estabilidad. Si los nuevos impuestos son transitorios y, además, su recaudo insuficiente, habrá nuevas alzas de impuestos en el futuro próximo. La incertidumbre y la falta de claridad en las reglas del juego no serán conducentes para la inversión y el empleo.
(v) Justificación. Si el país entiende que una parte de los impuestos se orienta a financiar gastos innecesarios o mal ejecutados, así como a reproducir la llamada mermelada, la reforma perderá legitimidad (esto ya ha sucedido en Bogotá, donde las alzas de impuestos financiaron los carruseles de la contratación y ahora proyectos como la exótica máquina “tapahuecos” y la importación de camiones de basura dilapidados).
Con la información que se conoce, parecería que la propuesta es neutra en cuanto a equidad, puesto que, al extender la vigencia de impuestos existentes, se limita a mantener la desfavorable situación actual. Es una lástima que no se avance en el desmonte de gabelas que plagan el régimen tributario y no se exploren otras alternativas.
En lo que respecta a la competitividad, en contra de las promesas de Santos I, la propuesta echa para atrás las leyes que prevén la eliminación del dañino 4 x 1.000 y, en el caso de que se proponga, como se anuncia, un fuerte aumento en la tasa del impuesto al patrimonio, habría que evaluar su impacto sobre empresas colombianas que compiten con firmas del exterior.
Con respecto a la suficiencia y estabilidad, todo lleva a pensar que el país tendrá, por lo menos, dos reformas. La de este año para “tapar el hueco” y otra, tal vez en el segundo semestre de 2015, para cubrir los gastos del proceso de paz y otros desajustes de las finanzas públicas.
Algunos observadores piensan que, a pesar de que los dos “sablazos” van en contra de la mayoría de los criterios enunciados, la estrategia del Gobierno delata una cierta astucia. El primer sablazo pondrá al Congreso contra la pared con el mensaje de que sin reforma habrá que recortar el presupuesto de 2015. Y el año entrante, con la posible firma del proceso de La Habana, en medio de cantos de amor y perdón, al vuelo de palomas blancas, se hará una patriótica convocatoria para hacer un supremo sacrificio tributario (mano al fondo del dril) por la paz de Colombia.
