Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La situación fiscal va de mal en peor. De un déficit fiscal que ya era inmanejable, pues la regla fiscal ya se había incumplido en 2024 (un hecho disimulado por un torpe maquillaje contable realizado por el Confis), el Ministerio de Hacienda pasó al descaro completo. Acaba de repudiar abiertamente esta regla, una sana restricción legal que le imponía la obligación de recortar el gasto, en línea con la disponibilidad de recursos del Estado. Lo que se proyecta ahora es un incremento pronunciado del déficit y la deuda pública, con grave perjuicio para todos los colombianos.
El anterior ministro de Hacienda, Diego Guevara, trató de contener el desmadre. Le recomendó al presidente el recorte del gasto para evitar el disparo del endeudamiento. El mandatario no solo rechazó este consejo, sino que se deshizo del diligente funcionario. El mensaje es evidente: el gasto público agigantado impulsará la votación a favor de los amigos del Gobierno en las próximas elecciones. Y, claro, el nivel de la deuda, el déficit y las normas fiscales sufrirán las consecuencias.
La maniobra del Gobierno se consumó invocando la cláusula de escape de la regla fiscal, sin que, en realidad, existiera ninguna justificación válida para hacerlo. Dicha cláusula de escape, de acuerdo con la normatividad, solo se puede activar cuando se presenta un evento extraordinario que obliga a elevar los gastos o se produce un fuerte descenso de los recaudos (ambas circunstancias se presentaron a raíz de la pandemia del COVID, ese sí, un evento claramente sobreviniente). Nada de esto ha ocurrido en este año, tal como lo conceptuó con firmeza el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Lo peor es que las mismas proyecciones del Gobierno, a pesar de que ilusamente incorporan entre los ingresos los recaudos de una gran reforma tributaria que se debe aprobar en este año, muestran un vertiginoso incremento de la deuda pública, que llegará a casi el 64 % del PIB en 2027, en abierta contravía de la ley que le exige al Gobierno que tome medidas para que esta cifra se reduzca hasta el 55 % del PIB.
Es apenas obvio que es nula la posibilidad de que pase en el Congreso una reforma tributaria en medio del proceso electoral en marcha. Y si por cumplir las apariencias este Gobierno presenta algún texto en este sentido, es altamente improbable que el mismo Ejecutivo impulse su aprobación en pleno fragor de la campaña. Tampoco es factible que los congresistas se interesen en este tema cuando estén embarcados en la búsqueda de su reelección.
La suerte está echada. Lo que se viene es la reducción de la calificación de la deuda por parte de las agencias internacionales, y el incremento de las tasas que paga el Gobierno por sus instrumentos de deuda, que se trasladará a las tasas de interés de las empresas y los consumidores. Sufrirán, en consecuencia, el crecimiento, el empleo y la pobreza del país.
Pero esto no es todo. En agosto del año entrante, el próximo Gobierno, tal como les sucedió a los presidentes Belisario Betancur y Andrés Pastrana en 1982 y 1998, respectivamente, recibirá la herencia de una crítica e insostenible situación macroeconómica. Al igual que en esos años, en 2026 será necesario introducir un programa de ajuste, que implicará grandes sacrificios para la sociedad colombiana. Desde ya debe quedar claro que este será el costo de la irresponsabilidad fiscal del actual Gobierno.
