Como consecuencia de la necesidad apremiante de financiar el peligroso volumen del déficit fiscal del Gobierno Nacional, que este año se aproximará al 7 % del PIB, la deuda pública, interna y externa, está llegando a niveles récord, con características alarmantes.
El saldo de la deuda pública bruta terminará el 2025 en cerca de $1.200 billones, un monto equivalente al 66 % del PIB, la mayor cifra de la historia del país. Este porcentaje, hace un año, era del 62 % y en 2023 llegaba apenas al 56 % del PIB. Esta carga será parte de la pesada herencia que dejará el Gobierno Petro a su sucesor y a todos los colombianos.
De esta forma, por la irresponsabilidad en el manejo de la Hacienda Pública, se está comprometiendo seriamente el futuro de la sociedad. En la actualidad, cada colombiano —niño, adulto o anciano— debe en promedio $22,7 millones a los acreedores del país y del exterior.
El déficit, el crecimiento de la deuda y la evidencia de un desorden fiscal sin control, con razón, han elevado la percepción del riesgo Colombia en los mercados, un hecho que se refleja en los crecientes intereses que debe pagar el país para captar nuevos créditos. Las tasas que pagan los TES han aumentado entre 100 y 150 puntos básicos en este año respecto a 2024. En consecuencia, en 2025 el pago de los intereses consumiría cerca del 30 % de todos los ingresos tributarios del gobierno y llegaría a un monto del 3,6 % del PIB.
Este rápido y voluminoso endeudamiento está creando un explosivo fenómeno de bola de nieve que podría llevar a que, en algún momento, no muy lejano, las obligaciones del gobierno sean impagables y precipiten una grave crisis de insolvencia e iliquidez de las finanzas públicas. Para evitar esta catástrofe, la próxima administración, sin dilaciones, tendrá que emprender el difícil proceso de la reducción del déficit y la racionalización de la deuda (la pasiva continuidad en materia fiscal conduciría
inevitablemente a una debacle para Colombia).
Como si lo anterior no fuera suficientemente preocupante, en los últimos meses se ha venido acelerando en forma peligrosa la emisión de instrumentos de captación de cortísimo plazo en el mercado local. El saldo de los títulos denominados TCO (Títulos de Corto Plazo), que hace un año era de $17,4 billones, en la actualidad llega a la astronómica suma de $64,3 billones, más del 3,5 % del PIB. Ya se sabe, además, que, si no cancela antes una parte significativa de esta deuda, este gobierno dejaría activada una bomba de tiempo que estallaría al comienzo del próximo, puesto que los vencimientos de los TCO entre agosto y septiembre de 2025 llegarán a $30,6 billones. El ministerio de Hacienda debe honrar sus anuncios de que este desastre, que teme buena parte del mercado, no sucederá.
Todo este caos fiscal y crediticio ya está teniendo el efecto de desplazamiento y exclusión (crowding-out) del sector privado por parte del gobierno. La acelerada absorción de recursos del ahorro para sostener un gasto público desbordado está induciendo el incremento de las tasas de captación del sector financiero y, al mismo tiempo, desincentivando el crédito productivo (el volumen de crédito del sector financiero a las empresas se está contrayendo). No puede existir un sector privado sano y dinámico en medio del despelote creciente de las finanzas públicas.
