La mayoría de los miembros de la Junta del Banco de la República, de forma responsable y oportuna, elevó la semana pasada su tasa de intervención en 100 puntos básicos con el objetivo de evitar un amenazante desborde inflacionario. Una medida de esta naturaleza, que ya se estudiaba a finales del año anterior —cuando la inflación se había estabilizado en más del 5 % anual—, se hizo indispensable y urgente después del incremento del salario mínimo en un 23 %, una cifra superior a la que pedían los sindicatos, una decisión sin justificación técnica, claramente populista, con propósitos electorales.
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El desproporcionado aumento del salario mínimo tiene indudablemente un impacto inflacionario (también afecta el empleo, la formalidad laboral, las exportaciones y, en forma notable, el desempeño de pequeñas y medianes empresas). Distintos analistas independientes estiman que, a raíz de esta decisión, el crecimiento de los precios de este año se elevaría a ritmos entre el 6 % y el 7 % anual, muy por encima de las metas de las autoridades. De acuerdo con sus mandatos constitucionales y legales, e ilustrado por su sofisticado equipo técnico, la junta del Emisor estaba obligada a preservar la estabilidad de los precios y la capacidad adquisitiva de los colombianos.
Llamó la atención, sin embargo, la reacción del ministro de Hacienda, quien sostuvo que el aumento de las tasas de interés era equivocado porque haría subir los precios. El funcionario sugirió que para combatir la inflación era necesario bajar los tipos de interés, una tesis exótica y descabellada, esgrimida hace algún tiempo por un autócrata europeo, con desastrosos resultados.
Este tipo de opiniones son frecuentes en este Gobierno. La preparación académica de los altos funcionarios y la calidad técnica de los equipos que antes analizaban y diseñaban las medidas se ha deteriorado en forma pronunciada en los últimos años. Estos personajes ahora se limitan, ciega y pasivamente, a ejecutar las directrices de carácter político que se imparten desde la Casa de Nariño.
Hernando Gómez Buendía explica el origen de esta situación en su libro reciente sobre el gobierno Petro. Dice este autor que el mandatario exhibe “una desconfianza sistemática hacia la racionalidad moderna, que él considera cómplice del despojo, de la exclusión y del fracaso civilizatorio”. Piensa que detrás de la experticia y la técnica se esconden ideologías que sirven a poderes establecidos. En su opinión, deben desecharse los análisis estadísticos, los modelos analíticos y los exámenes de causa y efecto que imponen la racionalidad instrumental. Así, la voluntad del “pueblo”, encarnada en las iniciativas e impulsos del caudillo, desplaza el trabajo de los expertos y profesionales.
A diferencia del olímpico desprecio de los populistas latinoamericanos por la tecnocracia, los gobiernos de países como China y Vietnam (para no hablar de los europeos) están integrados o apoyados por cuerpos sofisticados de expertos y científicos que efectivamente orientan las distintas decisiones. Los resultados están a la vista.
Al final de su gobierno, Petro está tratando en forma obstinada de seguir el manejo económico voluntarista y anárquico que llevó a la bancarrota a Venezuela. Para nuestra fortuna, la Junta del Emisor y las determinaciones de las altas cortes obstaculizan este propósito.
