Tiene razón el Gobierno al insistir en que existen varios problemas con el régimen tarifario que han hecho que los usuarios paguen tarifas más altas de las que deberían pagar. También tiene razón en señalar que deben solucionarse a la mayor brevedad posible.
Pero sería altamente contraproducente que, para introducir los correctivos necesarios, el Gobierno desconociera la institucionalidad vigente y no observara los mecanismos institucionales y los procedimientos técnicos desarrollados durante varias décadas. Es posible realizar ajustes a los problemas tarifarios en el seno de la Comisión de Regulación (CREG), donde el Gobierno tiene una nutrida representación, un organismo que cuenta con la capacidad para llevar a cabo los cambios requeridos.
Hay varios problemas que pueden resolverse con el concurso de la CREG, el Gobierno y los agentes del sector. Entre ellos: (i) modificar el régimen tarifario de las empresas de distribución de la costa Caribe, que hoy impone alzas significativas para financiar las inversiones necesarias para reconstruir y modernizar los derruidos activos de distribución de esa región (una opción tarifaria de diez y no de cinco años cumpliría ese propósito e impediría alzas tan altas como las observadas hasta ahora); (ii) eliminar, como lo está proponiendo la CREG, la injustificada indexación de las tarifas con el Índice de Precios al Productor, una estadística que exhibe enormes incrementos que nada tienen que ver con los costos de los servicios de energía.
Desconocer la institucionalidad y ajustar las tarifas sin procedimientos ni conocimientos técnicos llevará al país a correr enormes riesgos. El cambio de las reglas de juego hará que se paralicen las nuevas inversiones de expansión, muchas de ellas ligadas a energías limpias, indispensables para evitar los apagones del futuro. Si las tarifas que impone el Gobierno no remuneran adecuadamente los costos, las empresas no podrán invertir en mantener y ampliar sus servicios, y en un plazo breve se verán amenazadas la continuidad y la calidad del servicio. Adicionalmente, ante la falta de inversión de las empresas, surgirá la exigencia de que el Estado financie la expansión con sus propios recursos, algo imposible con la actual penuria fiscal.
Fijar arbitrariamente regulaciones sobre tarifas puede dañar a tres importantes empresas de capital público mayoritario —EPM, Grupo de Energía de Bogotá e ISA—, que se expandieron y se convirtieron en exitosas multinacionales al amparo favorable de las leyes de servicios públicos de 1994. En conjunto, ellas atienden el 97,2 % de la transmisión, el 44 % de la generación y el 61,3 % de la distribución de energía del país. Un debilitamiento de estas entidades sería un golpe irreparable para el sector eléctrico y, entre tantas cosas, impediría que participen activamente en la integración de un mercado latinoamericano de energía limpia. Ya se conocen advertencias de la calificadora Fitch en el sentido de que una errada intervención en el régimen tarifario tendría consecuencias nocivas sobre la capacidad de estas empresas de financiarse, acceder a los mercados de capitales y acometer sus planes de inversión.
Sería absurdo que, para solucionar un problema, el de las tarifas, se cree uno mayor —una torpe intervención del Gobierno—, que le haga un enorme daño al sector eléctrico y al país entero.
Tiene razón el Gobierno al insistir en que existen varios problemas con el régimen tarifario que han hecho que los usuarios paguen tarifas más altas de las que deberían pagar. También tiene razón en señalar que deben solucionarse a la mayor brevedad posible.
Pero sería altamente contraproducente que, para introducir los correctivos necesarios, el Gobierno desconociera la institucionalidad vigente y no observara los mecanismos institucionales y los procedimientos técnicos desarrollados durante varias décadas. Es posible realizar ajustes a los problemas tarifarios en el seno de la Comisión de Regulación (CREG), donde el Gobierno tiene una nutrida representación, un organismo que cuenta con la capacidad para llevar a cabo los cambios requeridos.
Hay varios problemas que pueden resolverse con el concurso de la CREG, el Gobierno y los agentes del sector. Entre ellos: (i) modificar el régimen tarifario de las empresas de distribución de la costa Caribe, que hoy impone alzas significativas para financiar las inversiones necesarias para reconstruir y modernizar los derruidos activos de distribución de esa región (una opción tarifaria de diez y no de cinco años cumpliría ese propósito e impediría alzas tan altas como las observadas hasta ahora); (ii) eliminar, como lo está proponiendo la CREG, la injustificada indexación de las tarifas con el Índice de Precios al Productor, una estadística que exhibe enormes incrementos que nada tienen que ver con los costos de los servicios de energía.
Desconocer la institucionalidad y ajustar las tarifas sin procedimientos ni conocimientos técnicos llevará al país a correr enormes riesgos. El cambio de las reglas de juego hará que se paralicen las nuevas inversiones de expansión, muchas de ellas ligadas a energías limpias, indispensables para evitar los apagones del futuro. Si las tarifas que impone el Gobierno no remuneran adecuadamente los costos, las empresas no podrán invertir en mantener y ampliar sus servicios, y en un plazo breve se verán amenazadas la continuidad y la calidad del servicio. Adicionalmente, ante la falta de inversión de las empresas, surgirá la exigencia de que el Estado financie la expansión con sus propios recursos, algo imposible con la actual penuria fiscal.
Fijar arbitrariamente regulaciones sobre tarifas puede dañar a tres importantes empresas de capital público mayoritario —EPM, Grupo de Energía de Bogotá e ISA—, que se expandieron y se convirtieron en exitosas multinacionales al amparo favorable de las leyes de servicios públicos de 1994. En conjunto, ellas atienden el 97,2 % de la transmisión, el 44 % de la generación y el 61,3 % de la distribución de energía del país. Un debilitamiento de estas entidades sería un golpe irreparable para el sector eléctrico y, entre tantas cosas, impediría que participen activamente en la integración de un mercado latinoamericano de energía limpia. Ya se conocen advertencias de la calificadora Fitch en el sentido de que una errada intervención en el régimen tarifario tendría consecuencias nocivas sobre la capacidad de estas empresas de financiarse, acceder a los mercados de capitales y acometer sus planes de inversión.
Sería absurdo que, para solucionar un problema, el de las tarifas, se cree uno mayor —una torpe intervención del Gobierno—, que le haga un enorme daño al sector eléctrico y al país entero.