Son dudosos los argumentos del presidente Petro que dicen que su proyecto de reforma laboral beneficiará al “pueblo” y que una negativa del Congreso a esta iniciativa justifica un desafío a las instituciones para que los colombianos se manifiesten en una consulta popular.
En primer lugar, las llamadas “centrales obreras”, las grandes defensoras y promotoras de la reforma laboral, en su mayoría, no están constituidas por obreros. No se trata del proletariado de la mitología socialista: los explotados por el capital, que les extrae la plusvalía y los mantiene en la pobreza. Son poderosos sindicatos de empleados públicos, como los maestros y otros funcionarios del Estado, que hoy están incrustados en el Gobierno. Cuentan, además, con estabilidad laboral y ellos y sus familias gozan de servicios de salud y pensiones subsidiadas.
En segundo término, como es evidente, estas organizaciones y los funcionarios que representan no hacen parte de los grupos más pobres de la sociedad. En forma estricta, no pertenecen a lo que se entiende por el “pueblo”, un concepto que debería incluir preferencialmente a los desempleados, los informales, los pobres y olvidados de las zonas rurales y marginadas. De acuerdo con las estadísticas del DANE, estos empleados sindicalizados pertenecen a la llamada clase media, puesto que sus ingresos son superiores al del 50 % más pobre de la población colombiana.
Los colombianos verdaderamente pobres no disfrutan de las ventajas y protecciones laborales de los empleados representados por las centrales “obreras”. Las mismas estadísticas oficiales muestran que más de la mitad de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo, y, así mismo, que cerca del 60 % de ellos está en la informalidad. Prácticamente todas estas personas carecen de estabilidad laboral y seguridad social. Su difícil supervivencia depende de lo que escasamente ganan en la lucha diaria por conseguir con qué comer. Por esta razón, no nos sorprendieron las imágenes que mostraban a mujeres indignadas porque los encapuchados les impedían ir a trabajar el día del llamado paro nacional.
En tercer término, los estudios serios sobre las consecuencias de la reforma laboral del Gobierno muestran que esta iniciativa beneficiará a los empleados sindicalizados, formales, especialmente a los vinculados a las entidades más grandes. Pero lo más grave es que también deteriorará las condiciones del 50 % más pobre del país. El aumento de los costos del trabajo afectará seriamente a los pequeños negocios y, por lo tanto, incrementará el desempleo y la informalidad y, de esta forma, excluirá a miles de personas de la seguridad social y la protección de las leyes laborales. Los economistas del Banco de la República calculan que la reforma, que supuestamente beneficia al “pueblo”, precipitará a cerca de 450.000 personas al desempleo en los próximos tres y cuatro años y que, además, aumentará en más del 2 % el porcentaje de informalidad en Colombia. También elevará el índice Gini que mide la desigualdad del ingreso en el país.
Como los afectados –los pobres, los informales, los desvalidos del campo– no están representados en estos debates sobre la reforma, ellos serán sus principales víctimas. Lo peor es que el Gobierno los usa como excusa para violar la Constitución, desconocer la separación de poderes e impulsar un proyecto autoritario.
