El terremoto, lo urgente y lo demás

El terremoto cambió dramáticamente las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella. Se había anunciado que en sus primeros días debía hacer frente a cuatro problemáticas graves y urgentes, heredadas de su caótico antecesor: la crisis de la salud, el impacto de El Niño y un posible apagón, el desmadre fiscal y la recuperación del control del territorio perdido a manos del crimen organizado. Se esperaba que, más adelante, después de que se atendieran estos temas, el nuevo gobierno podría acometer reformas profundas dirigidas a hacer frente a cuestiones como la seguridad, la corrupción, la impunidad, la calidad de la educación, el futuro de la seguridad social, pensiones y salud, en un país que envejece rápidamente.

El terremoto del 10 de agosto puso patas arriba estas prioridades. Las energías, los recursos y el tiempo del nuevo gobierno deben enfocarse ahora, sin perder un solo instante, en la atención de los damnificados y, más difícil aún, en la reconstrucción de viviendas, edificios y la infraestructura destruida o dañada por el sismo, un esfuerzo que tomará años y exigirá cuantiosos gastos por parte del Estado.

Estas tareas –inevitablemente– complicarán el ataque a los asuntos urgentes y hará mucho más difícil la labor de solucionar las dolencias estructurales que aquejan a la sociedad colombiana. Lo súper urgente desplaza a lo urgente y lo urgente tiene prelación sobre los problemas de fondo, nunca resueltos en la vida colombiana.

El manejo de la monumental crisis fiscal se complicará mucho más a raíz del sismo. Antes del terremoto, el nuevo gobierno sabía que recibía una herencia de un déficit superior al 7 % del PIB y se preparaba para reducir el gasto público y hacer una reforma tributaria en las primeras semanas de su mandato. A pesar de que tenía que aumentar en el corto plazo los recursos de la salud y el sector eléctrico, se sabía que debía producir un ajuste de una suma superior a los tres puntos del PIB que debía realizarse en tres o cuatro años. Ya que, a raíz de la catástrofe, ahora el ministro de Hacienda debe financiar gastos adicionales de entre uno y dos puntos del PIB para atender a la población afectada y reconstruir la zona golpeada por el terremoto, el déficit excedería el 9 % del PIB. Las ayudas internacionales, créditos multilaterales y las donaciones de las empresas y los particulares aliviarán solo una parte de la magnitud del gasto que tendrá que acometer el nuevo gobierno. La tarea de saneamiento fiscal será extraordinariamente compleja.

La discusión del presupuesto del próximo año será una buena oportunidad para que el ministro haga un planteamiento panorámico de sus planes de mediano plazo para solucionar los profundos problemas fiscales, incluyendo en sus proyecciones, por supuesto, las nuevas cargas tributarias, la reducción del control del gasto público y las medidas que se incluyan en la emergencia económica decretada con motivo del terremoto.

Como es inevitable que el nuevo gobierno dedique sus energías a atender la emergencia, sin descuidar, por supuesto, temas como la crisis de la salud y el posible apagón, tarde o temprano caeremos en cuenta de que, una vez más, debemos resignarnos a que la solución de los problemas de fondo, aquellos de carácter estructural, nunca pueden ser urgentes en medio de las tragedias recurrentes de la vida nacional.