El tráfico vehicular colapsó en Bogotá.
La demora para recorrer trayectos de 15 o 20 cuadras puede alcanzar media hora o 45 minutos. Con las lluvias no es inusual que los carros queden inmovilizados por cinco o diez minutos frente a semáforos que cambian de verde a rojo y de rojo a verde sin ninguna consecuencia. Aunque todavía con menor intensidad, este problema ya se aprecia en otras ciudades del país.
Como consecuencia de los menores precios de los carros, fruto de la revaluación, la caída de aranceles por los TLC y las facilidades de crédito, todos los meses entran a la calle decenas de miles de vehículos nuevos que se suman y contribuyen al trancón. Mientras tanto, poco o nada hacen las autoridades locales para enfrentar un problema que claramente se les salió de las manos y que, si las cosas siguen como van, empeorará de manera dramática en los próximos años.
Los planes de transporte masivo de las ciudades están atrasados o paralizados. No existen iniciativas recientes de la Nación para evaluar lo que se ha hecho o dejado de hacer en esta materia en la última década. Y se ignoran algunas recomendaciones de los expertos para inducir la moderación en el uso de los carros, entre ellas el diseño de un impuesto al rodamiento ligado al número de kilómetros efectivamente recorridos, que desincentive en forma efectiva el uso de los carros.
Sorprende la escasa atención que han recibido los previsibles efectos de la anunciada reducción del precio de la gasolina sobre la congestión vehicular y la contaminación de las ciudades.
Hasta ahora sólo se han discutido aspectos financieros de esa iniciativa. Cuando se propuso que únicamente se considerara el costo de producción —en lugar de los precios internacionales, con los cuales se fija el precio de la gasolina—, se argumentó que los accionistas de Ecopetrol recibirían un golpe del orden de $3 billones. Lo mismo sucedió cuando se sugirió que se eliminaran los impuestos que hoy reciben municipios y departamentos.
Distintos estudios muestran que los menores precios de los combustibles incentivan el uso de los carros existentes y estimulan la compra de nuevos carros (y en varios países se ha probado que los mayores precios de la gasolina de los años pasados indujeron el uso de vehículos más pequeños y eficientes). En una palabra, los combustibles más baratos agravarían la congestión y la contaminación de las ciudades.
Una buena política en esta materia debería obrar en dos frentes: (i) hacer costoso el uso incremental de los vehículos por medio de medidas razonables como la de un moderno impuesto al rodamiento, y (ii) desarrollar un programa agresivo para revisar, corregir y poner en marcha planes de transporte masivo en las ciudades (hay que aceptar que este tipo de iniciativas, si es que se acogen, sólo tendrían un impacto en el mediano y largo plazo y poco aliviarían los trancones del presente).
Es difícil mantener una discusión ordenada con respecto a un precio que tiene una gran sensibilidad política, sobre todo en época preelectoral. En lugar de debates ilustrados con los estudios de los expertos y las mejores prácticas internacionales, se ha ido imponiendo el argumento de los paros de los camioneros, los reclamos populistas y cierto desespero de los gobernantes. Estos elementos sí tienen una influencia decisiva en esta materia.
El tráfico vehicular colapsó en Bogotá.
La demora para recorrer trayectos de 15 o 20 cuadras puede alcanzar media hora o 45 minutos. Con las lluvias no es inusual que los carros queden inmovilizados por cinco o diez minutos frente a semáforos que cambian de verde a rojo y de rojo a verde sin ninguna consecuencia. Aunque todavía con menor intensidad, este problema ya se aprecia en otras ciudades del país.
Como consecuencia de los menores precios de los carros, fruto de la revaluación, la caída de aranceles por los TLC y las facilidades de crédito, todos los meses entran a la calle decenas de miles de vehículos nuevos que se suman y contribuyen al trancón. Mientras tanto, poco o nada hacen las autoridades locales para enfrentar un problema que claramente se les salió de las manos y que, si las cosas siguen como van, empeorará de manera dramática en los próximos años.
Los planes de transporte masivo de las ciudades están atrasados o paralizados. No existen iniciativas recientes de la Nación para evaluar lo que se ha hecho o dejado de hacer en esta materia en la última década. Y se ignoran algunas recomendaciones de los expertos para inducir la moderación en el uso de los carros, entre ellas el diseño de un impuesto al rodamiento ligado al número de kilómetros efectivamente recorridos, que desincentive en forma efectiva el uso de los carros.
Sorprende la escasa atención que han recibido los previsibles efectos de la anunciada reducción del precio de la gasolina sobre la congestión vehicular y la contaminación de las ciudades.
Hasta ahora sólo se han discutido aspectos financieros de esa iniciativa. Cuando se propuso que únicamente se considerara el costo de producción —en lugar de los precios internacionales, con los cuales se fija el precio de la gasolina—, se argumentó que los accionistas de Ecopetrol recibirían un golpe del orden de $3 billones. Lo mismo sucedió cuando se sugirió que se eliminaran los impuestos que hoy reciben municipios y departamentos.
Distintos estudios muestran que los menores precios de los combustibles incentivan el uso de los carros existentes y estimulan la compra de nuevos carros (y en varios países se ha probado que los mayores precios de la gasolina de los años pasados indujeron el uso de vehículos más pequeños y eficientes). En una palabra, los combustibles más baratos agravarían la congestión y la contaminación de las ciudades.
Una buena política en esta materia debería obrar en dos frentes: (i) hacer costoso el uso incremental de los vehículos por medio de medidas razonables como la de un moderno impuesto al rodamiento, y (ii) desarrollar un programa agresivo para revisar, corregir y poner en marcha planes de transporte masivo en las ciudades (hay que aceptar que este tipo de iniciativas, si es que se acogen, sólo tendrían un impacto en el mediano y largo plazo y poco aliviarían los trancones del presente).
Es difícil mantener una discusión ordenada con respecto a un precio que tiene una gran sensibilidad política, sobre todo en época preelectoral. En lugar de debates ilustrados con los estudios de los expertos y las mejores prácticas internacionales, se ha ido imponiendo el argumento de los paros de los camioneros, los reclamos populistas y cierto desespero de los gobernantes. Estos elementos sí tienen una influencia decisiva en esta materia.