Antes de cumplir los primeros seis meses en su cargo, el presidente Gustavo Petro dio un viraje en su forma de relacionarse con los colombianos. Pasó de lo que denominó el Acuerdo Nacional, caracterizado por cierta moderación y alguna apertura al diálogo —una postura hasta cierto punto evidente en la discusión de la reforma tributaria—, a la confrontación en las plazas públicas con el objeto de impulsar sus reformas sociales.
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Esta actitud no es común en los países que quieren modificar sus instituciones de la seguridad social. Los gobiernos que abordan la preparación de reformas como la de la salud y las pensiones, usualmente encargan su estudio a comisiones de expertos, ilustradas por las mejores prácticas internacionales, para que sus recomendaciones entren después a un amplio proceso de discusión, con el aporte de distintos grupos y sectores. Todo esto sin que los promotores renuncien a sus prioridades y orientaciones programáticas. Este tipo de reformas son complejas y su discusión no puede reducirse a machacar consignas y generalidades en peroratas ante las multitudes.
Entre tantos elementos, su diseño exige una cuidadosa consideración de la demografía, en especial, el progresivo envejecimiento de la población, puesto que, a medida que aumentan la edad y la esperanza de vida, la atención de los colombianos exigirá mayores, más complejos y costosos servicios de seguridad social.
Se debe garantizar que las innovaciones tecnológicas y científicas, en el campo médico, así como la informática y la inteligencia artificial, se incorporen oportunamente al sistema de salud. Y, por supuesto, los impactos fiscales y financieros deben ser un componente fundamental de esos proyectos. Por lo que se conoce, nada de esto se ha considerado, y es obvio que su defecto no puede suplirse con arengas, estribillos y consignas en las plazas públicas.
Como lo han señalado varios analistas y expertos, los errores en estas materias pueden ser dañinos y causar sufrimiento a millones de colombianos. El expresidente César Gaviria, el ministro de Educación y el presidente del Congreso, entre muchos otros, han formulado serias objeciones a las generalidades que se han dado a conocer sobre la reforma a la salud, sin que hasta ahora se conozcan las respuestas a sus planteamientos. Sorprende que, en lugar de exámenes técnicos y detallados, sin que se hayan divulgado los textos definitivos, se convoquen manifestaciones para apoyar lineamientos generales, en donde, en medio del tumulto, seguramente, se abundará en ideología, acusaciones y señalamientos.
Preocupa que, en lugar de discutir y analizar alternativas en el Congreso, se busque presionar a los parlamentarios con la vocinglería de la plaza pública, dirigida a demoler apresuradamente los regímenes existentes, sin que los eslóganes y consignas, más allá de su posible eficacia callejera, una vez trasladados a textos legales, sean, en la práctica, viables o benéficos para la gente.
Ojalá que el Gobierno, consciente de los temores de la gran mayoría de los colombianos, que en las encuestas rechazan la eliminación de las EPS, y las calificadas objeciones de ministros, parlamentarios y expertos a las directrices generales de las reformas, decida volver a los cauces del Acuerdo, los análisis técnicos y el diálogo razonado y sistemático con los distintos sectores de la sociedad.
