¿Elecciones libres en Venezuela? 


Existen temores sobre las elecciones presidenciales de Venezuela programadas para el próximo 28 de julio. Al menos en el papel, está en juego la continuidad del impopular régimen chavista que en 25 años destruyó la economía de ese país, generalizó la pobreza y la miseria, eliminó las libertades de los ciudadanos y causó la emigración de más de siete millones de personas.

Sin embargo, no son halagüeñas las perspectivas de una oposición unificada que goza, según las encuestas, de la favorabilidad de cerca del 70 % del electorado venezolano. Va a ser difícil que el régimen chavista ceda voluntariamente el poder. Se calcula que el Gobierno de Maduro impidió el registro de 10 millones de personas aptas para votar y, además, ha encarcelado este año a 10 líderes de la oposición y otros seis, con orden de detención, se encuentran refugiados en la embajada argentina.

La situación de la líder de la oposición, María Corina Machado, ha sido crítica. Debido a su carisma y enorme respaldo popular, Maduro impidió que se inscribiera como candidata presidencial y también vetó a la persona que ella designó como su reemplazo. Ante esta situación, Machado y otros dirigentes decidieron apoyar a Edmundo González Urrutia. Para sabotear las actividades de Machado en favor de González, el régimen ha prohibido que viaje en avión, con frecuencia bloquea las carreteras por donde debe circular y hostiga a los hoteles donde realiza reuniones.

Como es virtualmente imposible que gane limpiamente unas elecciones libres, diversos analistas consideran que Maduro —quien dijo: “Vamos a ganar por las buenas o por las malas”— tiene tres opciones para evitar la derrota: cancelar o aplazar, con alguna excusa, las elecciones del 28 de julio; inhabilitar a González, tal como hizo con María Corina, para llegar a las elecciones sin un opositor de peso; o, simplemente, efectuar un fraude monumental y declararse vencedor. El fraude sería ratificado por las instituciones de bolsillo del chavismo: el Congreso, el Poder Judicial, el Ejército, las autoridades electorales, la mayoría de los medios y, si hiciera falta, sus grupos paramilitares, los violentos colectivos bolivarianos, que junto con las fuerzas militares acallarían las protestas de la población. Ante estas perspectivas, mientras sea posible, es indispensable reforzar la vigilancia internacional sobre el proceso electoral. Son claves las veedurías de la ONU, la Unión Europea y de entidades como el Centro Carter.

Los demócratas de América Latina y de todo el mundo siguen con preocupación el proceso electoral de Venezuela. Existe el interés de evitar que, ante la posible continuación del gobierno de Maduro, se intensifique la emigración de ciudadanos de ese país, sobre todo hacia Colombia y Estados Unidos.

El Gobierno de Colombia ha emitido algunas expresiones de apoyo a la celebración de elecciones libres en Venezuela y ha criticado los abusos de Maduro contra la oposición. En forma poco realista y tardía, los presidentes Lula y Petro propusieron la celebración de un referendo para darles garantías a los perdedores de las elecciones. De cualquier manera, va a ser importante la reacción de Colombia en caso de que, como se teme, se aplacen los comicios, se excluya a la oposición o se realice un fraude que desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela.