Tal como lo había prometido en su campaña, Donald Trump impuso altos aranceles a las importaciones provenientes de México y Canadá y, algo menores, a China. Y también, como era previsible, estos países anunciaron que las exportaciones de Estados Unidos a estos destinos recibirían el mismo tratamiento. Ojo por ojo. Sin embargo, después de algunos forcejeos, las medidas sobre México y Canadá quedaron en suspenso por un mes, pendientes de las negociaciones entre los gobiernos.
Según sus ideólogos, las medidas de Trump tienen dos tipos de justificaciones. En primer lugar, el magnate usa el daño económico a los países afectados para obligar a sus gobiernos a tomar medidas que beneficien a Estados Unidos, entre ellas, el combate al tráfico de fentanilo y al tránsito de migrantes. En segundo término, se dice que las altas tarifas protegen la industria de Estados Unidos, aumentan el empleo, reducen los déficits externos y elevan los recaudos de impuestos.
Al actuar de esta forma, Donald Trump comparte las mismas ideas que tenían hace cinco décadas los discípulos de la CEPAL, aquellas que subsisten obstinadamente en nuestro medio. El mismo presidente Petro, en su entrevista con Félix de Bedout, indicó que a Colombia le iría bien en una guerra comercial con Estados Unidos; señaló, por ejemplo, que, con altos aranceles al maíz importado, florecería nuestra producción doméstica (desconoce que el gran obstáculo para la producción comercial de este y otros productos en Colombia no son las importaciones sino normas absurdas como la Ley 160 de 1994).
La guerra comercial, que ya está en marcha entre China y Estados Unidos y que puede extenderse a otros países, es mala para todo el mundo, comenzando por Estados Unidos. Su efecto inmediato es el alza de los precios de los productos importados a este país, que atizará la inflación e impedirá que el banco central disminuya las tasas de interés. Además, al reducirse el volumen del comercio (las importaciones y exportaciones de todos los países) se afecta el crecimiento y el empleo. El mundo tiene la experiencia de los años treinta del siglo pasado cuando, por políticas semejantes, se afectó el desempeño de la economía mundial.
Después de los alocados trinos de Petro del 26 de enero pasado, los colombianos temimos por la suerte de nuestra economía. Si Estados Unidos hubiese impuesto aranceles sobre nuestras exportaciones de bienes y servicios y, además, suspendido los intercambios financieros de su país con la economía colombiana, el nuestro habría sufrido una fuerte recesión, el colapso de la moneda y un gran incremento de la inflación. De haber respondido Colombia con mayores aranceles, como quiso hacerlo el presidente, los precios de los alimentos y materias primas importadas hubieran causado un brutal aumento del nivel de precios. La pobreza, el desempleo y la incertidumbre se hubieran disparado.
Colombia debe actuar con cautela en medio de esta compleja coyuntura. Sus acciones deben sopesarse cuidadosamente dentro de una estrategia bien definida, siempre con el objetivo de preservar el interés nacional. En lo posible, se debe mantener abierto el acceso a todos los mercados y, sin consideraciones ideológicas, aprovechar las oportunidades que se presenten en medio de los golpes y contragolpes que se asesten los países involucrados en las guerras comerciales.
