Extrañas alianzas

¿En qué coinciden Gustavo Petro y Fedegán? ¿En qué están de acuerdo algunos dirigentes de la Sac y el Moir? Todos ellos favorecen la idea de elevar el precio de los alimentos en nuestro país mediante el alza de los aranceles. Casi siempre, en tono patriótico, sostienen que, de esta forma, se defienden los grandes intereses nacionales.

La realidad es bastante diferente. Como el arancel no es más que un impuesto que pagan los consumidores, cualquier libro elemental de economía muestra que el impacto de un arancel es el alza del precio del producto afectado.

Esto explica el desconcierto de Alejandro Gaviria en el debate del martes pasado ante las propuestas de Petro y otros autodenominados defensores de los pobres, quienes insistían en la necesidad de golpear a los consumidores colombianos.

Subir los precios de los alimentos por medio de mayores aranceles es una política que afectaría gravemente a millones de personas pobres e indigentes. Investigadores de Fedesarrollo analizaron hace algunos años el caso del arroz, un bien esencial de la canasta básica, cuyo precio en Colombia es bastante superior al internacional a causa de sus elevados aranceles. El trabajo concluyó que, “si se eliminara la brecha que existe actualmente entre el precio nacional y los precios internacionales, más de 1,2 millones de personas saldrían de la pobreza y más de 450.000 saldrían de la indigencia o pobreza extrema”.

Quienes proponen elevar los aranceles de la comida están, de hecho, impulsando el aumento de la pobreza en Colombia.

¿Por qué lo hacen? Con seguridad existen diversas explicaciones.

Es claro que algunos quieren que se eleve el precio de los alimentos por claros intereses económicos de sus agremiados. Otros, tal vez despistados o ignorantes de principios económicos elementales, quieren, de buena fe, mejorar las condiciones de los productores del campo, pero no se han percatado del negativo impacto de sus propuestas sobre los pobres e indigentes. Unos pocos, tal vez enceguecidos por ideologías trasnochadas, en línea con las viejas tesis de Mao, piensan que su lucha justifica una alianza transitoria entre la llamada burguesía nacional y las fuerzas progresistas contra el “imperialismo” y el capital financiero, y por esta razón quieren favorecer a los empresarios del agro, incluso a costa de los intereses de los consumidores.

Tomar decisiones que eleven conscientemente los precios de los alimentos sería una monumental torpeza en momentos en que el país padece de un serio brote inflacionario que está afectando el bolsillo de millones de personas y cuya contención va a exigir grandes esfuerzos.

Por fortuna, el país cuenta, desde hace algunos años, con numerosos estudios valiosos que señalan el camino de las políticas públicas en materia de transformación del campo. Ellos coinciden en que se requiere de una dinámica política de desarrollo productivo, con énfasis en innovación, investigación, transferencia de conocimiento y tecnología; la conectividad de las zonas rurales con los centros de consumo, por medio de vías secundarias y terciarias, así como con la extensión de redes digitales; y la solución definitiva a los agudos problemas de los derechos de propiedad que impiden la inversión y el despegue de una agricultura moderna en Colombia, un hecho dramático, por ejemplo, en la altillanura.