Fallas notables

Numerosos analistas han señalado que una de las falencias más protuberantes del proyecto de reforma pensional que hace tránsito en el Congreso consiste en que el manejo de los billonarios ahorros de los trabajadores quedaría, de acuerdo con la propuesta, en manos de Colpensiones, una entidad sin capacidad para administrar adecuadamente la inversión y protección de esos recursos. Sus funcionarios, quienes cumplen en forma correcta las actuales tareas a su cargo, carecen de la formación profesional para administrar enormes portafolios de manera técnica y segura, y, además, según notas de prensa, están ahora sujetos a influencias políticas.

La horrible experiencia de la desaparición de las reservas del viejo seguro social y el notorio origen político de la actual administración de Colpensiones indican que, si el proyecto se aprueba como está concebido, los recursos de los empleados y trabajadores de todo el país estarían, como los del ICSS en el pasado, en grave peligro de esfumarse y dilapidarse. Si esto sucede, al cabo de unos años no habrá fondos para atender las pensiones de millones de personas y el país estaría abocado a un serio problema fiscal. Este es un riesgo que debe eliminarse del proyecto en curso.

Por fortuna, en esta materia ya hay una buena noticia. El ministro de Hacienda anunció que Colpensiones no estará a cargo de la administración e inversión de los billonarios ahorros que pondría el nuevo régimen en manos del Estado. Sin embargo, el Gobierno no ha señalado todavía cuáles serían y cómo se seleccionarían, remunerarían y vigilarían los administradores profesionales, capaces de invertir y proteger adecuadamente los ahorros de los trabajadores y empleados de todo el país. Este es un tema que, junto con los demás que se debaten en la actualidad, debería discutirse en los próximos meses.

Hay otros asuntos relativos a Colpensiones que también deberían replantearse en el Congreso y que, sin duda, mejorarían la propuesta de reforma pensional. Se debe comenzar por reconocer que la entidad que recibe las contribuciones y paga las pensiones de millones de personas -una delicada función de liquidación, recaudo y pagaduría, con enorme responsabilidad fiscal y gran incidencia sobre las finanzas de millones de colombianos- no debería estar adscrita y controlada por el Ministerio de Trabajo, un organismo que, por su propia naturaleza, no tiene fortaleza ni competencia en materias financieras. Para reducir los riesgos, lo lógico es que Colpensiones esté adscrita y tutelada por el Ministerio de Hacienda. Y, además, que el profesionalismo y la estabilidad de sus funcionarios estén protegidos con un régimen especial que los blinde de la influencia de la politiquería.

Por último, otra de las grandes fallas de un proyecto que supuestamente aspira a reformar completamente el sistema pensional es que mantiene, sin ninguna justificación, los actuales regímenes especiales de los maestros y los militares, los cuales consumen la mayor cantidad de recursos públicos dedicados a las pensiones. En particular, en el caso de los docentes, no se encuentra ninguna razón, distinta a la militancia de su sindicato en el Pacto Histórico, para que se mantengan, en contra de principios de igualdad y equidad, privilegios y condiciones pensionales más ventajosas que las del resto de los trabajadores del país.