Causa preocupación el lento trámite y el desdibujamento de ciertos proyectos de ley que ha respaldado el Gobierno, entre ellos los que buscan luchar contra la corrupción y las reformas a la justicia. Y la preocupación se incrementa cuando, a pesar de que se sabe que el país necesitará mayores recaudos para mantener sus calificaciones crediticias en los próximos años, se ha manifestado un rechazo masivo a la Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno la semana pasada. En la lista de los grupos que han presentado objeciones a los aspectos centrales de la iniciativa tributaria se encuentran, ni más ni menos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal, la U, todos los grupos de oposición, además de numerosos gremios y respetados analistas de los temas fiscales.
A raíz de estos hechos, distintos observadores del país y del exterior ven con creciente preocupación la reducida capacidad del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. Echan de menos, en otras palabras, la llamada gobernabilidad, un elemento importante para evaluar, entre otras cosas, el riesgo de invertir y hacer negocios en un país. En foros políticos y económicos, con razón, muchos se preguntarán si es posible confiar en la palabra y los compromisos de los líderes de un país con escasa gobernabilidad.
Cuando se toca este tema, rápidamente puede surgir la explicación de que este problema se deriva de la decisión del presidente Duque de eliminar la mermelada, es decir, el pago de los votos de los parlamentarios con puestos, contratos y partidas presupuestales. Esto no necesariamente es así. Es evidente que si un gobierno se desprende de la mermelada debe, en forma paralela, construir nuevos mecanismos para formar y cimentar los acuerdos políticos y programáticos con su propia bancada y los demás partidos que lo apoyan o lo pueden apoyar. Y esto, por supuesto, requiere de esfuerzos importantes por parte del Ejecutivo, en cabeza de ministros con aptitudes políticas, con la permanente intervención del propio presidente de la República, tal como ocurre en países donde los gobiernos pueden mantener la gobernabilidad sin necesidad de pagar por los votos. Lo que es inexplicable es que se elimine la mermelada y que, al mismo tiempo, no se escuchen y busquen consensos con las bancadas, un hecho que puede explicar que ciertos proyectos prioritarios naufraguen después de andar a la deriva por las comisiones del Congreso.
En estas materias, sorprende la actitud del Centro Democrático —el partido del presidente Duque y buena parte de sus altos funcionarios— de atacar la propuesta tributaria del Ejecutivo, una estrategia de saboteo que ya se había manifestado en otras iniciativas. Pero es todavía más desconcertante el hecho de que el Gobierno hubiera presentado al Congreso un proyecto de ley tan importante como el tributario sin que sus puntos centrales se hubieran discutido y acordado previamente con las bancadas parlamentarias que supuestamente lo apoyan. Si el Gobierno no consulta y busca acuerdos con sus propios congresistas antes de hacer públicos sus proyectos, más adelante debe pasar la vergüenza de retirar parte de sus propuestas iniciales con el objeto de lograr consensos, eso sí, después de haber sido sometido al fuego amigo, unido a los nutridos tiros de la oposición.
Causa preocupación el lento trámite y el desdibujamento de ciertos proyectos de ley que ha respaldado el Gobierno, entre ellos los que buscan luchar contra la corrupción y las reformas a la justicia. Y la preocupación se incrementa cuando, a pesar de que se sabe que el país necesitará mayores recaudos para mantener sus calificaciones crediticias en los próximos años, se ha manifestado un rechazo masivo a la Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno la semana pasada. En la lista de los grupos que han presentado objeciones a los aspectos centrales de la iniciativa tributaria se encuentran, ni más ni menos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal, la U, todos los grupos de oposición, además de numerosos gremios y respetados analistas de los temas fiscales.
A raíz de estos hechos, distintos observadores del país y del exterior ven con creciente preocupación la reducida capacidad del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. Echan de menos, en otras palabras, la llamada gobernabilidad, un elemento importante para evaluar, entre otras cosas, el riesgo de invertir y hacer negocios en un país. En foros políticos y económicos, con razón, muchos se preguntarán si es posible confiar en la palabra y los compromisos de los líderes de un país con escasa gobernabilidad.
Cuando se toca este tema, rápidamente puede surgir la explicación de que este problema se deriva de la decisión del presidente Duque de eliminar la mermelada, es decir, el pago de los votos de los parlamentarios con puestos, contratos y partidas presupuestales. Esto no necesariamente es así. Es evidente que si un gobierno se desprende de la mermelada debe, en forma paralela, construir nuevos mecanismos para formar y cimentar los acuerdos políticos y programáticos con su propia bancada y los demás partidos que lo apoyan o lo pueden apoyar. Y esto, por supuesto, requiere de esfuerzos importantes por parte del Ejecutivo, en cabeza de ministros con aptitudes políticas, con la permanente intervención del propio presidente de la República, tal como ocurre en países donde los gobiernos pueden mantener la gobernabilidad sin necesidad de pagar por los votos. Lo que es inexplicable es que se elimine la mermelada y que, al mismo tiempo, no se escuchen y busquen consensos con las bancadas, un hecho que puede explicar que ciertos proyectos prioritarios naufraguen después de andar a la deriva por las comisiones del Congreso.
En estas materias, sorprende la actitud del Centro Democrático —el partido del presidente Duque y buena parte de sus altos funcionarios— de atacar la propuesta tributaria del Ejecutivo, una estrategia de saboteo que ya se había manifestado en otras iniciativas. Pero es todavía más desconcertante el hecho de que el Gobierno hubiera presentado al Congreso un proyecto de ley tan importante como el tributario sin que sus puntos centrales se hubieran discutido y acordado previamente con las bancadas parlamentarias que supuestamente lo apoyan. Si el Gobierno no consulta y busca acuerdos con sus propios congresistas antes de hacer públicos sus proyectos, más adelante debe pasar la vergüenza de retirar parte de sus propuestas iniciales con el objeto de lograr consensos, eso sí, después de haber sido sometido al fuego amigo, unido a los nutridos tiros de la oposición.