LA REVISTA CAMBIO ACABA DE MOStrar que el programa Agro Ingreso Seguro le transfiere miles de millones de pesos a un selecto puñado de personas de altos ingresos.
Dice Cambio que un “buen número de los que recibieron subsidios no reembolsables son grandes empresarios del campo y familias millonarias con gran influencia política regional”. Entre la lista de los beneficiados aparece un familiar cercano a un senador detenido por corrupción; hay reinas de belleza, princesas, caciques y otras bellezas. Mientras tanto, como siempre, hay poco o nada para los campesinos, los indígenas, los desplazados, la gente sin tierra.
El origen del programa Agro Ingreso Seguro fue la eventual firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese momento se dijo que, a raíz del mismo, la agricultura colombiana recibiría una competencia desigual de algunos productos norteamericanos. Se concluyó que debía dárseles un apoyo especial, de $500.000 millones por año, a ciertos agricultores para mejorar su competitividad y resistir el ingreso de los bienes importados.
El TLC no se ha firmado, pero la plata sí se está repartiendo a chorros, como lo muestra Cambio. Y los resultados son cuestionables.
Según los reportes, el Estado entrega los recursos a un selecto club de beneficiarios para que mejoren las instalaciones de sus fincas. Pero a cambio de los subsidios no se les exige que mantengan un vigoroso plan de producción ni unos compromisos que lleven a un aumento sostenido y verificable de la productividad. No existe una justificación para el sacrificio fiscal a favor de un selecto grupo de privilegiados.
La larga tradición de los subsidios a los grandes terratenientes en la historia colombiana muestra que la Nación usualmente asume, con sus recursos, una serie de gastos que ellos hacen (o que deberían hacer) de todas maneras. De esta forma, el Gobierno les libera fondos para que puedan realizar una serie de erogaciones que no tienen que ver con la agricultura o la ganadería. Con los subsidios del antiguo crédito de fomento, por ejemplo, se financiaron compras de bienes inmuebles urbanos y diversas inversiones en el país y en el exterior.
Una serie de estudios recientes sobre la agricultura colombiana muestra que se está perdiendo el gran esfuerzo fiscal que está haciendo la Nación con los costosísimos programas de subsidio y protección a este sector. Pocas veces en la historia se han orientado tantos recursos a tan escasos beneficiarios, con tan pocos y reprobables resultados. Desde hace años, el crecimiento del sector agropecuario, el gran beneficiado de la llamada seguridad democrática, es mucho más bajo que el del resto de la economía. Su productividad, medida por medio de la producción por hectárea, ha venido cayendo, según lo muestran varios estudios especializados. En cambio, el empleo, la miseria y la pobreza en el campo se mantienen en niveles dramáticos.
Además de estas observaciones tecnocráticas, llama la atención que, cuando hay millones de desplazados, en medio de una enorme contrarreforma agraria en todo el país, la prioridad de la política agropecuaria sea la de mejorarles, con los recursos del presupuesto nacional, las fincas a los grandes terratenientes.
Si van a cerrar el DAS, deberían también clausurar el Inco y varios de los programas del Ministerio de Agricultura. Todos huelen a lo mismo.
