Algunas decisiones recientes del Gobierno han creado temores e incertidumbre en sectores vinculados a la infraestructura y los servicios sociales. El cambio de las reglas del juego y la inestabilidad de los marcos regulatorios y jurídicos se sentirá en todo el aparato económico durante varios años.
El caso de los peajes es ilustrativo. La infraestructura vial de Colombia es bien precaria. A estas alturas del siglo XXI todavía no se conectan las principales ciudades entre sí y estas con los puertos por medio de autopistas de doble calzada. Muchas zonas rurales están desconectadas de las urbanas. Es necesario construir miles de kilómetros de buenas carreteras, ampliar puertos y aeropuertos y muchas vías secundarias y terciarias. Aunque se requieren grandes inversiones para cerrar las brechas existentes, las señales del Gobierno van en la dirección contraria. Con la congelación de los peajes y los anuncios de que los compromisos con los concesionarios se atenderán con unos inciertos cobros de valorización (una decisión apresurada, plagada de dificultades financieras, constitucionales y legales), se ha creado una difícil situación en el sector de transporte, que puede conducir a pleitos, demandas y la parálisis de algunas obras. Pero lo peor es que, sin seguridad jurídica, será muy difícil que se puedan construir nuevas obras por medio de concesiones. De esta forma, quedará en veremos la meta de que el país cuente con una moderna red de carreteras, puertos y aeropuertos.
Algo parecido sucede en el sector eléctrico. Varios analistas han señalado que, ante el fantasma de un apagón en los próximos años, este no es el momento de espantar la inversión privada. Además de los posibles racionamientos regionales que han advertido funcionarios y analistas, están seriamente atrasados varios proyectos que podían asegurar la oferta de electricidad en el futuro: la energía limpia de La Guajira no se puede traer al resto del país por los enormes retrasos en la construcción de las líneas de trasmisión (y, por las complicadas consultas con las comunidades, puede que no operen en varios años); debido a las conocidas dificultades en la terminación de Hidroituango, la entrada en servicio de sus ocho unidades probablemente tardará varios años. En estas circunstancias, ante la posibilidad de escenarios críticos de hidrología, los expertos no descartan racionamientos en los próximos años. Y, claro, con los temores y la incertidumbre sobre la regulación, será imposible que se impulsen nuevos proyectos de generación o trasmisión con participación privada que podrían suplir las necesidades del país. En una palabra, se han creado riesgos importantes para el bienestar de la sociedad colombiana.
Pero no es solo esto. Sin suficientes proyectos eléctricos, vías, autopistas, puertos, aeropuertos y será difícil la modernización del resto de los sectores de la economía. En esas condiciones, por ejemplo, reindustrializar el país o acrecentar los ingresos por turismo serán empeños vanos.
En síntesis, sin el aporte del sector privado, del país y del exterior, se reducirá la inversión y sufrirán la competitividad y productividad, indispensables para sostener el crecimiento económico. Se dificultará, por lo tanto, la capacidad de la economía de mejorar los niveles de ingreso, crear empleo y reducir la pobreza en los próximos años.
