Inflación y déficit fiscal

Ya que la inflación llegó para quedarse, por lo menos durante un buen tiempo, mientras los bancos centrales administran su amarga medicina y se producen sus efectos, los gobiernos de numerosos países, acosados por prioridades electorales, están tomando medidas para suavizar el alza de algunos precios y mitigar la pérdida de ingreso de la población, al menos la de los sectores más pobres.

Italia, Francia y Alemania, por ejemplo, ordenaron transferencias monetarias para las personas de menores ingresos como compensación por la pérdida de poder adquisitivo causado por la inflación. El monto de los cheques oscila entre 100 y 300 euros.

En España, el gobierno de Pedro Sánchez, también con problemas electorales, anunció, el sábado de la semana pasada, un paquete de ayudas para la gente afectada por la inflación: una transferencia de 200 euros para cuatro millones de personas, congelación del precio del gas, reducción del IVA al precio de la energía y un aumento transitorio de pensiones. A lo anterior se sumó un impuesto a las ganancias extraordinarias de algunas empresas que se benefician con los mayores precios de la energía.

El presidente Biden se propone buscar una reducción de los impuestos a los combustibles por tres meses, una iniciativa impulsada por su creciente impopularidad y las elecciones parlamentarias de octubre, que tendrá dificultades para su aprobación en el Congreso. También se ha conocido que su gobierno estudia la disminución de algunos aranceles, incluso a los productos chinos, con el objeto de producir una rebaja de algunos precios claves de las canastas de consumo.

Ya que todas estas políticas son onerosas y elevan el déficit fiscal, los países más ricos y mejor manejados pueden adoptarlas con mayor comodidad. Aún así, las establecen de manera transitoria con una estimación precisa de su impacto sobre las cuentas de la tesorería.

En Colombia, la medida estrella ha sido la congelación del precio de los combustibles desde mediados de 2021. Esta política, que se originó en el paro nacional del año pasado, no se ha desmontado por consideraciones electorales y, claro, por su impacto inflacionario. De esta forma, el precio de la gasolina en Colombia ya es uno de los más bajos del mundo, semejante al de Arabia Saudita, Omán y Catar, y bastante menor al de los principales países de América Latina. Por otra parte, el ministro Mesa también anunció que se estudia una medida para postergar algunas alzas en las tarifas eléctricas. Se anota también que, a comienzos del año, el Gobierno redujo los aranceles de algunos insumos agrícolas, cuyos altos precios estaban afectando los costos de la producción doméstica.

Existe incertidumbre sobre el futuro de estas medidas. Aunque el costo de mantener congelado el precio de la gasolina es enorme (3 % del PIB por año) y golpea directamente los estados financieros de Ecopetrol, va a ser difícil que, por razones políticas, se pongan en marcha los ajustes requeridos, seguramente graduales. Por otro lado, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta mostraron su disposición a aumentar los aranceles a numerosos productos agrícolas, una medida que elevaría los ingresos del Estado, pero atizaría la inflación y golpearía a los más pobres.

Pronto, por fortuna, se conocerán los planes definitivos del nuevo Gobierno en estas materias.