El ministro Miguel Gómez Martínez reveló hace poco que en 2027 los ingresos tributarios de la Nación, de solo un 14 % del PIB, serán inferiores a los de hace doce años cuando llegaban al 14,5 % del PIB. Lo más dramático es que en ese período de doce años el país ha sufrido cinco reformas tributarias, cada una, según los cálculos de los gobiernos de turno, con el propósito de recaudar adicionalmente un 1,0 % del PIB en promedio. Si se hubiesen cumplido las aspiraciones de los distintos ministros de Hacienda, los ingresos del Nación deberían llegar a cerca del 20 % del PIB, y el país no estaría sufriendo la crisis de las finanzas públicas que hoy amenaza su estabilidad económica y social. ¡Se aprobaron las reformas tributarias, pero se esfumó la plata! ¿Qué pasó?
Un estudio sobre este tema, urgente para hacer frente a la actual emergencia fiscal, debe explorar por lo menos las siguientes causas del fracaso de las recientes reformas tributarias.
- Los incrementos de los impuestos hicieron que numerosas personas dejaran de tributar en Colombia y pasaran a ser sujetos fiscales de otros países. En particular, el haber convertido el Impuesto al Patrimonio en permanente y las reiteradas amenazas de nuevas alzas espantaron a personas acaudaladas y las llevaron a convertirse en residentes fiscales de otras jurisdicciones. La Silla Vacía mostró que después de la reforma tributaria del comienzo del gobierno Petro, el número de declarantes con patrimonios superiores a $ 11.000 millones cayó en un 28 %. Esta medida, por supuesto, produjo un daño profundo y, probablemente, irreparable para las finanzas públicas del país y, lo peor, deterioró la distribución del ingreso (varios de los más pudientes ya no tributan en el país).
- Las reformas tributarias de los últimos años elevaron las tarifas impositivas y gravaron algunas actividades adicionales, pero, al mismo tiempo, fruto de los lobbies y presiones de los interesados, en forma más o menos velada, crearon nuevas exenciones y rendijas que facilitaron la evasión y la elusión.
- A lo largo de los últimos años se ha elevado la distancia entre la altísima capacidad de los expertos y asesores tributarios privados, cada día más sofisticados, conocedores de las grietas, enredos y filtraciones de las normas tributarias de los distintos países, y la idoneidad y voluntad de la Dian para controlar y verificar las declaraciones y los procesos tributarios.
Uno de los aspectos más importantes de la actual crisis fiscal consiste en que, con gastos de la Nación superiores al 22 % del PIB, es imposible realizar un ajuste estructural al déficit si los ingresos se mantienen, invariables, en montos equivalentes o menores al 15 % del PIB. Cualquier iniciativa en materia de alzas de tributos, indispensable en la actual coyuntura, debe estar acompañada de medidas efectivas que taponen realmente las exenciones, filtraciones y demás procedimientos que facilitan o inducen la elusión, la evasión y la emigración fiscal.
La buena noticia es que numerosos estudios han mostrado la forma en que el sistema tributario del país puede modernizarse, con tarifas uniformes, sin exenciones innecesarias y una gran simplificación. Una buena reforma puede asegurar que el régimen de impuestos sea compatible con la inversión y el crecimiento y, además, financie adecuadamente las obligaciones del Estado.