LA PRECARIA CALIDAD DE LAS INSTItuciones estatales es un obstáculo serio para el crecimiento económico.
Este ha sido uno de los consensos de las discusiones recientes sobre la minería. La proliferación de minas informales y los frecuentes accidentes mortales son señales de que el país no tiene instituciones capaces de aprobar, vigilar y supervisar adecuadamente miles de minas en todo su territorio. Juan Pablo Ruiz, especialista en temas ambientales, ha mostrado que en 2002 el país había titulado 1,1 millones de hectáreas para explotación minera y que esa cifra llegó a 8,4 millones en 2009, al tiempo que las instituciones a cargo se habían debilitado seriamente.
Pero el problema no se circunscribe a la minería. La crisis generada por las inundaciones mostró el vacío en el sistema de prevención de desastres, el manejo de cuencas y la protección ambiental. Colombia se lo buscó: a medida que el mundo se preparaba para hacer frente al cambio climático, su gobierno, al igual que la administración Bush, subordinado a su peculiar interpretación de la “confianza inversionista”, desmontó y debilitó las autoridades ambientales.
El enorme atraso de la infraestructura, un verdadero cuello de botella para el desarrollo económico, revela que el país no cuenta con capacidad para preparar y ejecutar los proyectos que requiere una sociedad moderna. El ministro Germán Cardona y su equipo recibieron una serie de raquíticos institutos y organismos que hoy con gran dificultad tratan de enderezar (mientras le roban tiempo a las discusiones con un lobby de camioneros) para cumplir con una ambiciosa agenda.
El país no ha aprendido a hacer contratación pública. Lo sucedido con el Transmilenio y con buena parte de las concesiones pone de presente la magnitud del retroceso, la incapacidad y la desprotección del Estado frente a la corrupción. La charada del metro de Bogotá muestra bien todas las deformaciones en la concepción, estudio y contratación de proyectos en Colombia.
El caso de la agricultura es abrumador. Debido a una errada política de protección, este sector, desde hace años, está creciendo a un ritmo mucho menor que el del resto de la economía. A diferencia de lo que ha hecho Brasil, en nuestro medio el Estado no impulsa la innovación, la investigación, la competitividad y el desarrollo. Colombia está perdiendo las oportunidades creadas por los altos precios internacionales.
Los planes de vivienda social siempre cuentan con dinero, funcionarios entusiastas y ambiciosas proyecciones, pero al final se quedan cortos por falta de instrumentos de ejecución.
Uno de los mayores obstáculos para el éxito del plan de desarrollo del presidente Santos es la gran debilidad heredada de las instituciones a cargo de sus sectores líderes. La llamada locomotora de la minería no puede despegar sin autoridades ambientales y mineras fuertes. La construcción de infraestructura ya está atascada por los líos contractuales y la debilidad de unas instituciones que deberían preparar, licitar, promover y buscar financiación privada. Hasta hace poco la agricultura estaba a cargo de una dirección miope y errada. La construcción de vivienda social no cuenta con mecanismos de ejecución adecuados. El nuevo gobierno, sobre la marcha, debe rediseñar las instituciones para que jalen sus locomotoras.
