La crisis del sector eléctrico

Este año se están celebrando los 30 años de las leyes de servicios públicos 142 y 143 de 1994. Las evaluaciones muestran que estas normas han permitido la expansión de la cobertura, la realización de cuantiosas inversiones indispensables y el otorgamiento de subsidios a los grupos de menores ingresos. En el sector eléctrico, además, se crearon instituciones y un marco regulatorio sólido que impidieron que el país volviera a tener racionamientos como los de 1977, 1981 y 1992.

Una de las claves del éxito de estas leyes fue permitir la entrada del sector privado a la prestación de los servicios públicos. Este sector, a través de numerosas empresas con sus recursos, tecnología y know-how realizó grandes inversiones que el Estado, por la penuria de las finanzas públicas, no hubiese podido llevar a cabo.

Infortunadamente, de acuerdo con declaraciones de altos funcionarios, el Gobierno del presidente Petro parece tentado a volver a la situación anterior a 1994, cuando el sector eléctrico estaba estatizado, sufría de politiquería y caos regulatorio y, en medio de escándalos de corrupción bajo su dirección, el país sufría de pésimos servicios, mínimas coberturas y serios apagones.

Un regreso a ese pasado sería calamitoso para un sector que hoy padece varios desafíos que, si no se enfrentan oportunamente, pueden derivar en racionamientos y daños a la economía y el bienestar de sus habitantes. Al respecto, se puede señalar:

1. El enorme atraso de numerosos proyectos de generación y trasmisión que se proyectaron hace ya varios años, entre ellos, los más visibles: los de generación eólica de La Guajira –hoy todos cancelados o aplazados– y las inversiones en trasmisión para dotar de energía a Bogotá.
   
2. La crisis de abastecimiento de gas que, según los expertos, a pesar de los anuncios en contrario, generará racionamientos a partir de 2025 y causará serias perturbaciones en materia de generación eléctrica y abastecimiento a las industrias y hogares del país.
   
3. Los crecientes problemas financieros del sector, entre otras cosas, por incumplimiento del Gobierno con el giro a las empresas por concepto de los subsidios a los usuarios, algunas decisiones arbitrarias y las dificultades no resueltas de varias compañías de distribución, especialmente en la Costa.
   
4. La confusión regulatoria e institucional, en parte por la falta de una conformación adecuada de la CREG, un hecho que causa carencias de señales y normas apropiadas a un sector que se debate en medio de la incertidumbre.
   
5. Una hidrología y un régimen de lluvias alterado por el cambio climático que dificulta la planeación y manejo de un sector altamente dependiente de generación hidráulica y que exige, por lo tanto, capacidad suficiente de plantas de respaldo, así como la entrada oportuna de los nuevos proyectos previstos en los planes de expansión.
   

Para evitar los peligros que se ciernen sobre el país, en lugar de los amagos de estatización, es necesario que se fortalezcan los principios de las leyes de servicios públicos y que, en medio de un marco regulatorio e institucional apropiado, se estimule la inversión privada, se resuelvan los problemas de algunas empresas y se emitan señales claras de regulación y orientación del sector. De otra forma, una herencia más de este gobierno serán los apagones y racionamientos.