La crisis nacional

El problema de fondo no era la reforma tributaria. El proyecto se retiró después de que el presidente ya lo había mutilado, y la crisis se recrudeció.

A las marchas y protestas pacíficas y espontáneas de decenas de miles de personas pronto se sumaron los camioneros y otros sectores, se cerraron las vías, subió el tono de las acusaciones y se elevaron las exigencias. Entraron en acción vándalos y varios grupos criminales disciplinados y bien financiados; se produjeron balaceras, incendios y saqueos; se destruyeron edificios, buses y estaciones, y se impusieron rigurosos bloqueos a algunas ciudades, los mismos que se mantienen en este momento.

Se conocen, además, varias denuncias creíbles de exceso de fuerza por parte de la Fuerza Pública, un combustible adicional a las marchas, los bloqueos y desmanes.

Lo que comenzó como una polémica por un articulado tributario terminó, en cuestión de horas, convertido en una crisis política de grandes proporciones. Se puso de presente un serio problema de gobernabilidad, en medio del tercer pico de la pandemia, graves alteraciones de orden público, la bancarrota del fisco y una gran emergencia social.

Se retomó con fuerza renovada el hilo de las protestas de finales de 2019, un movimiento animado ahora con el inflamable combustible del desespero de millones de personas que en los meses pasados cayeron en la pobreza y el desempleo por el impacto de una pandemia que sigue cobrando víctimas, destruyendo miles de empleos, vidas y negocios grandes y pequeños.

Mientras esto sucedía, ante la evidencia de un Gobierno acorralado, algunos de los dirigentes que tradicionalmente han defendido las instituciones y la democracia aparecen atemorizados y concentrados en sus pequeñas peleas y, sobre todo, en sus cálculos electorales. Con algunas notables excepciones, los jefes políticos que podrían contribuir a hallar las soluciones han dado muestras de ignorar su responsabilidad frente a la crisis del Estado.

Con las elecciones de 2022 en la mira, ciertas facciones del movimiento de protesta, bien organizadas y financiadas, han ganado coherencia y están recogiendo sus dividendos. La perspectiva de poder anima las actividades de sus militantes y gana adeptos entre los desempleados y empobrecidos.

El Gobierno del presidente Duque comienza la fase final de su mandato enfrentando una crisis política y social sin precedentes, con una pandemia mortal en plena marcha, un plan de vacunación retrasado y los hospitales congestionados, millones de personas en la miseria y desempleadas, y el erario con enormes dificultades para atender la emergencia. Como si todo esto fuera poco, el mandatario debe encarar la situación de espaldas a grandes grupos de la opinión pública, frente a una vigorosa oposición y sin siquiera el apoyo decidido de varios de los partidos que nominalmente hacen parte de la coalición que lo respalda.

En estas horas críticas los colombianos esperan que sus gobernantes, los dirigentes de la oposición, los grupos políticos, sociales y económicos encuentren el camino para resolver los problemas que enfrenta el país. Posponer o entorpecer las soluciones o provocar la agudización de la crisis como estrategia para alcanzar el poder puede conducir a pérdidas irreparables y permanentes en las instituciones, el bienestar de los colombianos y la economía nacional.