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Las alarmas están prendidas. El presidente Petro despidió a su tercer ministro de Hacienda, Diego Guevara, porque este funcionario, cumpliendo con su deber, le informó que se disponía a realizar un recorte de gasto indispensable para mantener el déficit fiscal en niveles tolerables. Con esta brusca determinación, el mandatario envió un mensaje contundente: se elevarán el déficit y la deuda pública tanto como sus intereses políticos lo requieran.
Todo parece indicar que el nuevo ministro, una persona experta en asuntos de vivienda popular, desconocida en las lides de la macroeconomía, compañero de lucha del mandatario en el M-19 y en bregas electorales recientes, llega a este alto cargo con la misión de ser un ejecutor pasivo de las instrucciones del presidente.
Como si esto no fuera suficientemente preocupante, se sabe también que se ha desmantelado el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, un grupo de profesionales calificados y entusiastas, constituido a lo largo de los años, que ha apoyado el manejo fiscal en distintas coyunturas. Por este motivo, existen temores sobre la calidad de los cálculos y análisis que necesariamente preceden las decisiones de las autoridades fiscales y también sobre la solidez de documentos indispensables para orientar la política fiscal, como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los análisis técnicos del Confis y los lineamientos macroeconómicos del presupuesto de 2026.
Esta delicada situación de desequilibrio y deficiente manejo fiscal hará especialmente difícil las tareas de otras entidades a cargo de la política económica. En estas circunstancias, el Banco de la República se constituye, como nunca, en el principal defensor del equilibrio monetario y financiero del país. Con el Gobierno comprometido en mantener un tren de gasto excesivo, será imposible que el emisor reduzca sus tasas de interés en el futuro próximo. Incluso, es posible que, dentro de algunos escenarios macroeconómicos —como ya sucedió en Brasil, un país afligido también por la irresponsabilidad fiscal—, la Junta Directiva tenga que elevar las tasas de interés para mantener a raya la depreciación de la moneda.
Otra institución que tiene una enorme responsabilidad en los momentos actuales es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sus pronunciamientos técnicos frente al deterioro fiscal y las posturas del Ministerio de Hacienda deben reiterar con claridad los peligros y las desviaciones de las variables de gasto e ingreso que pueden impedir que se cumpla, de acuerdo con los mandamientos legales, la regla fiscal que estableció el Congreso de la República.
Por su parte, las agencias calificadoras de riesgo, seguramente, también se pronunciarán sobre el deterioro de la capacidad del Gobierno de Colombia de servir oportunamente sus obligaciones con los tenedores de deuda.
A medida que el Gobierno eleve los montos de sus colocaciones de TES con el fin de mantener el gasto por encima de las metas de la regla fiscal, las tasas de interés de esos papeles y tasas de cambio reflejarán con claridad la realidad de la situación y, seguramente, impactarán negativamente la valoración de los activos en manos de sus poseedores.
Ante esta crítica situación, los aspirantes a la Presidencia deben fijar con claridad sus propuestas para regenerar las finanzas públicas a partir de agosto de 2026.
