Dos temas centrales del debate electoral en marcha son la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En estas materias se conocen propuestas diametralmente opuestas. Mientras algunos candidatos, alarmados por la situación actual, proponen fortalecer las fuerzas militares y combatir el crimen y la producción y comercio de cocaína, otros, cercanos al Gobierno, insisten en ampliar las negociaciones con las bandas armadas y llegar a acuerdos para su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Los primeros se oponen a la Paz Total que ha impulsado el gobierno Petro; los segundos, en cambio, insisten en profundizar esta fracasada iniciativa.
El hecho de que esta divergencia ocurra en medio de un proceso electoral genera, necesariamente, serias amenazas para la democracia. Los grupos criminales que controlan amplios territorios del país e influyen sobre la vida de millones de personas no son neutrales en este debate. Seguramente apoyarán con sus armas, sus ejércitos y sus recursos a los candidatos que prometen que, desde el Gobierno, buscarán la continuación de las negociaciones y acuerdos. En consecuencia, los criminales atacarán y sabotearán a los aspirantes a la Presidencia que basan sus campañas en el fortalecimiento de la seguridad y la guerra contra el crimen y el narcotráfico. El asesinato de Miguel Uribe Turbay es una muestra clara de qué lado están y de cómo actúan los narcotraficantes en materia electoral.
Esta brecha política se ha agigantado a raíz de las diferencias entre Petro y Trump sobre el tratamiento al Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico del país (con 8.000 hombres en armas y el control de cientos de municipios). El gobierno del Pacto Histórico, sin una estrategia clara y sin un marco jurídico apropiado, buscó y aceleró una peligrosa negociación con este grupo armado y llegó a polémicos acuerdos que han causado justificada alarma en la opinión pública: se concertaron amplias zonas de localización y despeje que coinciden con las fechas de las elecciones de marzo. Y esta semana, el gobierno de Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo en la lista de las organizaciones terroristas enemigas de ese país. De esta forma, poco tiempo después de que Trump declarara que Petro y su Gobierno colaboran con el narcotráfico, ellos anuncian a los cuatro vientos que han llegado a dudosos acuerdos con un grupo terrorista perseguido por Estados Unidos.
Estos hechos, necesariamente, impactan directamente las discusiones de la campaña electoral. Los votantes deben tener claro que, si en agosto de 2026 llegan al Gobierno quienes prometen continuar con la desastrada Paz Total y, en particular, prometen acentuar sus acercamientos y concesiones al Clan del Golfo, profundizarían el conflicto con Estados Unidos y, seguramente, provocarían la imposición de sanciones comerciales y financieras contra Colombia.
Los candidatos a la Presidencia deben poner en blanco y negro, sin ninguna ambigüedad, sus posturas sobre los temas del narcotráfico y las relaciones con Estados Unidos. Y las autoridades encargadas de la seguridad de los candidatos, ojalá neutrales, deben darles especial protección a quienes, corriendo enormes riesgos, proponen el combate contra el crimen.
Los colombianos definirán esta discusión, crucial para el futuro del país, cuando se pronuncien con sus votos en las elecciones de 2026.
