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Colombia sufre de varias crisis —profundas, crecientes y simultáneas— que se agigantaron en el curso del gobierno Petro y hoy amenazan seriamente el bienestar de millones de personas. Por su gravedad, tienen además la capacidad de poner en riesgo la estabilidad y la continuidad de las instituciones y el progreso del país.
Entre las principales emergencias que padece Colombia se destacan: la enorme descomposición de su seguridad interna, fruto de la debilidad de las fuerzas militares y de la incesante expansión de grupos criminales asociados al tráfico de cocaína y de minería ilegal, que controlan áreas importantes del territorio nacional; el derrumbe del sistema de salud, que se manifiesta en la demora o la suspensión de servicios esenciales, la falta de medicamentos y el cierre de clínicas y procedimientos médicos, que ya están amenazando el bienestar y la vida de los colombianos; la creciente fragilidad y el riesgo de colapso del sector eléctrico ante la previsible ocurrencia de un fenómeno del Niño en los próximos años, que podría desencadenar un apagón con serios impactos para la economía y los hogares; y, como si todo lo anterior fuera poco, Colombia sufre el desbarajuste de sus finanzas públicas, como consecuencia del crecimiento acelerado del déficit y la deuda del gobierno, fenómenos que, si no se controlan oportunamente, podrían ocasionar serias dificultades en la prestación de los servicios esenciales del Estado.
Quienquiera que sea el presidente el 7 de agosto próximo, tendrá que enfrentar con urgencia las múltiples emergencias que describimos, a las cuales deberá dedicar la gran mayoría de sus energías y sus recursos. Es de tal gravedad la situación que seguramente no podrá atender algunos temas que, en algún momento, pudieron hacer parte de su programa de gobierno.
El debate electoral se centrará obligatoriamente en la radiografía de la crítica situación del país y la necesidad imperiosa de imponer drásticas correcciones al rumbo que hoy lo lleva al abismo. Ante un electorado expectante, los candidatos tendrán que ser evaluados, casi que exclusivamente, por su comprensión de la situación, la idoneidad de sus equipos y la seriedad y credibilidad de sus propuestas para enfrentar la dramática herencia que recibirán del actual gobierno.
Será difícil la tarea de Iván Cepeda y otras personas que buscan la Presidencia de la República prometiendo el continuismo y la cerrada defensa del legado de Petro. Para sostener esta arriesgada postura, tendrán que hacer complejas maromas mentales para convencer a los votantes de que se deben mantener o profundizar las mismas políticas que causaron el desplome de la seguridad, la salud, la solidez del sector eléctrico y la solvencia de las finanzas públicas.
En adición a este oscuro panorama, habrá otros asuntos críticos en la agenda del próximo gobierno que también exigirán la atención del mandatario entrante y sus equipos de trabajo; entre ellos, la descomposición de las relaciones con Estados Unidos, la parálisis en la construcción de infraestructura, la crisis de la vivienda, la financiación de los estudios universitarios, para citar solo algunos. Pocas veces en su historia, un gobierno, como el que comenzará el próximo 7 de agosto, tendrá que enfrentar tantos y tan complejos desafíos. De su manejo dependerá el futuro del país.
