El retiro indefinido del ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República (porque la mayoría tomó una decisión que no comparte) pone de presente que Petro no está de acuerdo con la independencia del Emisor. Está convencido de que esta entidad debe seguir las orientaciones del gobierno, una postura contraria a la que tuvo el M19 en la Asamblea Constituyente de 1991, sustentada en el convencimiento de que la inflación afecta especialmente a los más pobres. De esta forma, el mandatario señala su deseo de regresar a las instituciones monetarias de la Constitución de 1886 que permitieron una inflación elevada, junto con una generosa financiación del gobierno por medio de emisión.
La mayoría de los países modernos –con gobiernos de izquierda, centro y derecha– han establecido bancos centrales independientes, muchos de ellos sin la presencia del gobierno. Y, al igual que nuestro Banco de la República, cerca de 40 de ellos utilizan con éxito la estrategia de inflación objetivo, la cual, en la práctica, señala que cuando la inflación y las expectativas de inflación se elevan, las autoridades deben incrementar las tasas de interés.
La experiencia de América Latina indica que cuando los gobiernos convirtieron a los bancos centrales en meras agencias para financiar el gasto público, se desataron grandes inflaciones y graves perturbaciones en el crecimiento y el empleo. Es lamentable que voceros y economistas afectos al régimen petrista aboguen desembozadamente por el regreso a estas épocas superadas de la vida de la región.
En años recientes, las administraciones de Lula y Boric permitieron el libre funcionamiento de bancos centrales independientes, que, en varios casos, tuvieron que elevar sus tasas de interés para impedir el desborde del crecimiento de los precios. Por ejemplo, el Banco Central de Brasil, con la venia de su gobierno de izquierda, aumentó su tasa de interés en 400 puntos básicos y, mientras caía la inflación, la mantuvo en el 15 % anual durante varios meses. La economía no entró en recesión y si es que tuvo algún costo en materia de crecimiento, este se consideró justificado para eliminar el impuesto inflacionario que pagan los más pobres.
Mientras deciden las cortes y los organismos de control toman cartas sobre el insólito proceder el ministro –un huelga ordenada y acolitada por su jefe en la Casa de Nariño–, Colombia no tendrá autoridad monetaria, un fenómeno sin precedentes en al ámbito internacional, que encierra serios peligros para la economía nacional.
No es una coincidencia que el gobierno arme esta pelotera en época electoral, alimentada por su conocida retórica populista que ahora predica mendazmente que la política antiinflacionaria del Banco de la República favorece a los bancos y a los ricos y perjudica a los pobres. La experiencia internacional indica lo todo contrario: las altas tasas de interés dañan los negocios, la calidad de los créditos y las inversiones, y la inflación golpea a los más débiles.
Lo sucedido permite presagiar que, si gana el candidato del gobierno, continuará el conflicto con la Junta hasta el momento en que el presidente tome el control del Banco de la República por medio del nombramiento de funcionarios que sigan ciegamente sus órdenes e ignoren el mandamiento constitucional de mantener el nivel adquisitivo de la moneda.
