Entre las víctimas de la aguda polarización política de varios países se encuentran la justicia y el libre funcionamiento de los organismos independientes que imponen pesos y contrapesos al ejercicio del poder.
En Estados Unidos, la justicia está en medio de los conflictos entre los demócratas y los republicanos encabezados por Donald Trump. El millonario expresidente ya ha sido condenado en dos casos en el estado de Nueva York y aguarda varios juicios por su instigación a la insurrección de enero de 2021. Al conocer su última condena, Trump se fue lanza en ristre contra los jueces y fiscales; los acusó, en medio de una avalancha de insultos, de ser un instrumento del Partido Demócrata y, en particular, del presidente Biden, supuestamente para sacarlo de la competencia por la elección presidencial de noviembre próximo. Lo más sorprendente es que prácticamente todos los dirigentes de su partido y la gran mayoría de sus seguidores comparten los puntos de vista de Trump y también creen firmemente en la culpabilidad del hijo de Biden, quien de manera simultánea ha sido llamado a juicio por un supuesto delito penal.
López Obrador (AMLO) también ha mantenido un agrio enfrentamiento con la justicia de su país. Atacó, insultó y desconoció los fallos de la Suprema Corte de Justicia, cuando este organismo tumbó sus decretos y objetó sus decisiones. La revancha, el golpe de gracia de AMLO, consiste en llevar a cabo una reforma constitucional que establece que los jueces y magistrados deben ser elegidos por voto popular, una iniciativa que no solo politizaría la justicia, sino que, dada la popularidad de López Obrador, haría que el sistema judicial se convirtiera en un apéndice del Ejecutivo, operado por jueces seguidores incondicionales del mismo AMLO. En los meses pasados, el mandatario no pudo lograr la aprobación de su reforma porque careció de las dos terceras partes de los votos en el Congreso (necesarias para los cambios constitucionales). Sin embargo, a raíz de la enorme votación a favor de Morena el domingo pasado, este partido logró las mayorías necesarias para sacar adelante los cambios constitucionales que ambiciona AMLO. De esta forma, es probable que en los próximos meses se apruebe su iniciativa y que, como temen muchos observadores, se debilite la democracia mexicana y, con una justicia de bolsillo del grupo político mayoritario, se regrese a un régimen de partido único, a imagen y semejanza de lo que fue el PRI durante varias décadas del siglo XX.
En España, la justicia también está en medio del fuego cruzado entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y la férrea oposición del Partido Popular, enfrentados en el curso de una campaña electoral, por las investigaciones a la esposa del presidente por sus supuestas actividades de tráfico de influencias.
En Colombia el presidente también ha atacado las decisiones de los poderes independientes cuando han contrariado sus iniciativas. Después de que el Congreso o las cortes, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, han objetado algunas de las reformas o decisiones del Gobierno, el presidente Petro ha señalado, sin ninguna base, que esto es fruto de las maniobras de la oligarquía para no dejarlo gobernar, a la que le atribuye el propósito de adelantar un supuesto golpe blando en contra del mandato popular.
