Hace algo más de un año, el ministro de Salud, Guillermo Alberto Jaramillo –emocionado y jubiloso–, anunció a los cuatro vientos que la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de salud de los docentes, a través del Fomag, era un anticipo, una versión adelantada, del modelo de salud que el Gobierno quería implantar en toda Colombia por medio del proyecto de ley que impulsaba en el Congreso de la República. Dijo que con esta iniciativa se partía en dos la historia de la salud en Colombia, ya que se trataba de un sistema sin intermediarios, “en donde, con humanidad y corazón, vamos a atender a los docentes”.
Hoy ya se sabe que dicho modelo es un desastre. Y no son los técnicos neoliberales ni los miembros de la oposición quienes emiten este juicio. Son los mismos maestros, las víctimas del Fomag, quienes eso piensan.
Una oportuna y reveladora encuesta realizada por la Secretaría de Educación de Bogotá, encabezada por Isabel Segovia, muestra que el 80 % de los docentes está insatisfecho con el nuevo sistema de salud. Casi el 70 % dice que ahora es más difícil conseguir una cita y el 58% afirma categóricamente que la atención de su salud ha empeorado con el Fomag. Y, como conclusión, el 82 % está lleno de incertidumbre por el futuro del cuidado de su salud.
Lo peor –un verdadero adelanto de lo que les espera a todos los colombianos en caso de que se apruebe la reforma que se discute en el Congreso– es que el 72 % de los maestros de Bogotá señala que, ante las graves fallas del Fomag, ha tenido que atender los servicios de salud con sus propios recursos, acudiendo a especialistas privados y pagando las medicinas de su propio bolsillo.
Al mismo tiempo, todos los días los medios reportan que hospitales, profesionales de la medicina y proveedores de medicamentos y otros elementos médicos se quejan de que el Fomag no les paga. Algunos, por esta causa, han tenido que suspender sus servicios a los maestros.
Según los expertos, lo más grave es que este no es un problema de plata. La UPC (el gasto promedio en cada maestro) es un 62 % más alto que en el sistema general. La plata le llega y a chorros al Fomag, sus directivas y la opaca Previsora. Se trata, infortunadamente, de un problema de incompetencia, desorganización y, posiblemente, corrupción.
El sistema de salud de los maestros lo manejan a dos manos el sindicato de docentes y los miembros del Gobierno, del cual Fecode es una parte activa y militante. Frente al despelote que ellos mismos crearon, no pueden echarle la culpa a la codicia privada, a los inversionistas extranjeros ni a los esclavistas criollos. Los maestros, víctimas del Fomag, saben que deben exigirles cuentas y responsabilidades a sus dirigentes y gobernantes.
El Congreso de Colombia ya está advertido. Si el caos del Fomag es un adelanto de lo que les espera a los colombianos después de que apruebe la letal reforma Petro-Corcho, lo que se viene es una catástrofe generalizada. Las deliberaciones de ese proyecto de ley deben ilustrarse con la cruda radiografía de lo que está pasando con la salud de los maestros. La Contraloría y la Procuraduría, así como la academia y los centros de pensamiento, deberían revelarle al país la verdad sobre el desastre del Fomag. Debe impedirse que se extiendan la enfermedad, el dolor y la muerte sobre toda la población del país.
