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El problema fiscal de Colombia no solo se registra en las cifras del déficit, el brusco crecimiento de la deuda y el mayor costo del endeudamiento público. Se aprecia también en el desmantelamiento de los equipos e instituciones técnicas creados en los años pasados para manejar las finanzas públicas y evitar, precisamente, que suceda una grave crisis macroeconómica como la que se vislumbra en el futuro.
La tecnocracia del Ministerio de Hacienda se debilitó por el retiro de sus mejores profesionales. Por ello, la calidad de las cifras y documentos clave como el Plan Financiero y el Marco Fiscal de Mediano Plazo dejan mucho que desear; los proyectos del presupuesto no se ajustan a los lineamientos de estos documentos y, en forma rutinaria, sobreestiman los ingresos. Adicionalmente, los sesgados pronunciamientos del Ministerio sobre los proyectos de ley del mismo Gobierno subestiman los costos fiscales en forma notoria.
El comienzo del fin ocurrió en 2024 cuando se incumplió en forma protuberante la regla fiscal. Y el caos se consolidó definitivamente en 2025, cuando el Ministerio de Hacienda invocó, sin ninguna justificación válida, la cláusula de escape de la regla fiscal. Desde ese momento, el manejo de las finanzas públicas y la trayectoria de la deuda pública, sin ancla alguna, entraron a una azarosa deriva por la que transitan en la actualidad.
Como remate, ahora se anuncia que se va a asfixiar presupuestalmente al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo técnico que analiza en forma independiente la crítica situación de las finanzas públicas.
Ante la peligrosa herencia que recibirá en agosto de este año el nuevo Gobierno, de cualquier orientación política, en algún momento tendrá que realizar un profundo ajuste fiscal. Si no lo hace –ya sea por no comprender el problema, por debilidad política o ceguera ideológica–, más temprano que tarde, el país entrará en una seria crisis macroeconómica que traerá serios costos económicos y sociales.
Cuando, por fin, algún Gobierno se decida corregir los desequilibrios fiscales, al igual que en pasadas emergencias de esta naturaleza, será necesario vincular de nuevo a expertos y especialistas en asuntos fiscales para reconstruir los equipos que harán frente a la crisis. Y, en forma complementaria, se hará imperativo repotenciar las instituciones de sostenibilidad fiscal que se debilitaron y desactivaron en el Gobierno del presidente Petro.
En asuntos fiscales no existen manejos de derecha o de izquierda. Son erradas las ideas que proclaman que los déficits reducidos son de derecha y que los desequilibrios sostenidos son progresistas. Solo existen buenos y malos gobiernos en esta materia. Los buenos gobiernos de todos los pelambres y de todas las épocas han preservado la sostenibilidad de sus finanzas y cuidado el Tesoro Público. Keynes, cuyas ideas desde hace décadas hacen parte de la ortodoxia, recomendó los déficits para combatir las recesiones, pero nunca planteó que ellos tendrían que ser permanentes ni, mucho menos, explosivos. Las medidas redistributivas deben realizarse, dentro de finanzas equilibradas, mediante la asignación progresiva del gasto y los impuestos. El gasto público desaforado, como el que se presenta en la actualidad, conduce inexorablemente a crisis macroeconómicas que provocan desempleo y graves costos sociales.
