A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los precandidatos tendrán que procesar dos tipos de mensajes. Mediante los primeros, presentarán sus programas de gobierno a sus posibles electores, seguramente promesas de redención de la pobreza y la marginalidad. Los segundos, provenientes de sus asesores económicos, les revelarán a los propios candidatos la crítica situación fiscal que va a recibir la próxima administración, un hecho que impondrá, necesariamente, restricciones a las ambiciones del nuevo mandatario.
El tema es relevante porque, a diferencia de las tres anteriores elecciones presidenciales, celebradas en medio de una relativa abundancia de recursos, la que se aproxima tendrá como telón de fondo la escasez de fondos y la realidad de un ajuste económico todavía inconcluso ante la reciente crisis petrolera. Si, por comprensibles razones de estrategia electoral, esta restricción no se reconoce en público ni limita la magnitud de las promesas de campaña, la dura verdad tendrá que ser admitida al comienzo del próximo gobierno en agosto del año entrante. El nuevo mandatario se verá forzado a aceptar que no podrá hacer todo lo que prometió y, tal vez, enfrentar, a regañadientes, el hecho de que debe emprender reformas que no pensó que tenía que hacer.
Tres brochazos pueden describir la magnitud de las afugias que sentirá el nuevo gobierno.
(i) Importantes ingresos del Gobierno Central sufrirán una merma a partir de 2019, escasos meses después del comienzo de la nueva administración. Lo más crítico será la rebaja de las sobretasas transitorias al Impuesto de Renta a las empresas (cuya tasa de largo plazo la última Reforma Tributaria fijó en el 33%). El fin de esas sobretasas no sólo elevará el déficit fiscal a niveles incompatibles con la regla fiscal, sino que abrirá, necesariamente, el debate sobre una nueva reforma de los impuestos en Colombia.
(ii) Después de la caída del precio del petróleo, hoy en niveles de US$45 por barril, el país ha comenzado a sufrir de una nueva complicación: la disminución acelerada de la producción del crudo. De niveles de cerca de un millón de barriles por día a comienzos de 2016, hoy se extraen únicamente cerca de 850.000 barriles y, en algunos escenarios, la cifra diaria será menor a 600.000 barriles al cabo de unos años (esto en el caso de que, como ha sucedido hasta ahora, no haya descubrimientos significativos y, además, los precios del crudo no incentiven inversiones en recuperación de los pozos existentes).
(iii) Los gastos del sistema de seguridad social en pensiones y salud muestran una tendencia creciente y cada año adquieren una mayor proporción de los presupuestos públicos. Esto se origina en una combinación de dos fenómenos: (i) la arriesgada postergación de indispensables reformas, necesarias para hacer sostenible este sistema; y (ii) el impacto del paulatino envejecimiento y de la mayor esperanza de vida de la población colombiana.
La inevitable conclusión es que, gane quien gane, el presidente tendrá necesariamente que enfrentar una difícil situación en las finanzas públicas y, en lugar de empezar con la concreción de sus promesas de campaña, tendrá que estrenarse con dolorosas e impopulares cirugías, imprescindibles para recuperar la salud de las cuentas del Estado. Esta será, tal vez, su primera resignación.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los precandidatos tendrán que procesar dos tipos de mensajes. Mediante los primeros, presentarán sus programas de gobierno a sus posibles electores, seguramente promesas de redención de la pobreza y la marginalidad. Los segundos, provenientes de sus asesores económicos, les revelarán a los propios candidatos la crítica situación fiscal que va a recibir la próxima administración, un hecho que impondrá, necesariamente, restricciones a las ambiciones del nuevo mandatario.
El tema es relevante porque, a diferencia de las tres anteriores elecciones presidenciales, celebradas en medio de una relativa abundancia de recursos, la que se aproxima tendrá como telón de fondo la escasez de fondos y la realidad de un ajuste económico todavía inconcluso ante la reciente crisis petrolera. Si, por comprensibles razones de estrategia electoral, esta restricción no se reconoce en público ni limita la magnitud de las promesas de campaña, la dura verdad tendrá que ser admitida al comienzo del próximo gobierno en agosto del año entrante. El nuevo mandatario se verá forzado a aceptar que no podrá hacer todo lo que prometió y, tal vez, enfrentar, a regañadientes, el hecho de que debe emprender reformas que no pensó que tenía que hacer.
Tres brochazos pueden describir la magnitud de las afugias que sentirá el nuevo gobierno.
(i) Importantes ingresos del Gobierno Central sufrirán una merma a partir de 2019, escasos meses después del comienzo de la nueva administración. Lo más crítico será la rebaja de las sobretasas transitorias al Impuesto de Renta a las empresas (cuya tasa de largo plazo la última Reforma Tributaria fijó en el 33%). El fin de esas sobretasas no sólo elevará el déficit fiscal a niveles incompatibles con la regla fiscal, sino que abrirá, necesariamente, el debate sobre una nueva reforma de los impuestos en Colombia.
(ii) Después de la caída del precio del petróleo, hoy en niveles de US$45 por barril, el país ha comenzado a sufrir de una nueva complicación: la disminución acelerada de la producción del crudo. De niveles de cerca de un millón de barriles por día a comienzos de 2016, hoy se extraen únicamente cerca de 850.000 barriles y, en algunos escenarios, la cifra diaria será menor a 600.000 barriles al cabo de unos años (esto en el caso de que, como ha sucedido hasta ahora, no haya descubrimientos significativos y, además, los precios del crudo no incentiven inversiones en recuperación de los pozos existentes).
(iii) Los gastos del sistema de seguridad social en pensiones y salud muestran una tendencia creciente y cada año adquieren una mayor proporción de los presupuestos públicos. Esto se origina en una combinación de dos fenómenos: (i) la arriesgada postergación de indispensables reformas, necesarias para hacer sostenible este sistema; y (ii) el impacto del paulatino envejecimiento y de la mayor esperanza de vida de la población colombiana.
La inevitable conclusión es que, gane quien gane, el presidente tendrá necesariamente que enfrentar una difícil situación en las finanzas públicas y, en lugar de empezar con la concreción de sus promesas de campaña, tendrá que estrenarse con dolorosas e impopulares cirugías, imprescindibles para recuperar la salud de las cuentas del Estado. Esta será, tal vez, su primera resignación.